- Actualmente se llevan a cabo diversos foros de consulta ciudadana para la construcción de una nueva: esta iniciativa plantea un cambio radical en la legislación actual, buscando poner fin al desabasto que afecta principalmente a las comunidades indígenas y rurales
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Actualmente se llevan a cabo diversos foros de consulta ciudadana para la construcción de una nueva Ley de Aguas en Chiapas.
Esta iniciativa plantea un cambio radical en la legislación actual, buscando poner fin al desabasto que afecta principalmente a las comunidades indígenas y rurales, además de reordenar de manera estricta el control de los acuíferos y ríos del estado.
La diputada local, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, señaló que este marco normativo se está edificando de la mano con diversos sectores de la sociedad.
Explicó que el propósito fundamental es garantizar la protección integral de los recursos hídricos, así como consolidar una gobernanza democrática que permita atender los desafíos ambientales y de abastecimiento con una visión sustentable de largo plazo.
El eje central de esta reforma radica en un cambio profundo de enfoque: el agua dejará de ser vista como una mercancía para ser reconocida formalmente como un bien social y cultural, no monetizable ni sujeto a las reglas del mercado.
Bajo esta nueva lógica, el uso personal y doméstico tendrá prioridad absoluta por encima de cualquier actividad comercial, industrial o de riego, asegurando el consumo humano como un derecho inalienable.
Para evitar dinámicas de acaparamiento que han imperado en el pasado, la propuesta anticipa la creación de un candado legal definitivo: el servicio de agua potable no podrá ser objeto de privatización alguna, ya sea de forma directa o indirecta.
De este modo, la administración, vigilancia y control del recurso se mantendrán bajo la estricta tutela del Estado y de los municipios.
Asimismo, la legislación proyecta un avance histórico en materia de derechos indígenas y rurales, al blindar y dar certeza jurídica a los Comités Comunitarios del Agua en zonas rurales y semiurbanas.
A diferencia de las leyes anteriores, esta reforma reconocerá formalmente la facultad de los pueblos originarios y comunidades organizadas para administrar y operar su propia infraestructura hidráulica, bajo esquemas regidos por sus usos, costumbres y acuerdos internos.
El Estado tendrá la obligación de brindarles asesoría técnica y financiamiento, pero sin retirarles el control de sus recursos.
Finalmente, de aprobarse la reforma, se terminará el negocio de la compraventa del líquido, pues quedará estrictamente prohibido transmitir o vender títulos de concesión entre particulares, se limitará la vigencia de los derechos de agua que no sean utilizados y se eliminarán los cambios automáticos de uso de suelo y agua.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, las autoridades plantean fortalecer la capacidad de inspección, incrementando de manera sustancial las multas económicas y estableciendo penas de uno a diez años de prisión para quienes exploten el recurso de forma ilícita.
