- Jubilados reclaman por la reforma al Artículo 127 que emprende el gobierno federal
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Integrantes de la Asociación de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se concentraron nuevamente en las instalaciones del Congreso del estado, para solicitar por quinta ocasión a la 69 Legislatura local que acompañe su rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional.
Javier Ruiz Mendoza, integrante del movimiento, comentó que esta movilización forma parte de un frente de protesta a nivel nacional, al considerar que las modificaciones jurídicas vulneran directamente sus derechos laborales adquiridos, específicamente en los rubros de jubilaciones y pensiones.
La principal inconformidad radica en el impacto económico de la reforma, la cual, según estimaciones de los propios afectados, contempla un recorte en los montos de retiro que podría alcanzar hasta un 60 por ciento respecto a las percepciones actuales.
La representación de los jubilados fundamentó jurídicamente su rechazo al señalar que las nuevas disposiciones violan el principio de no retroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, y sostienen que las condiciones de su retiro fueron pactadas y consolidadas bajo el marco legal vigente durante su periodo activo, tras haber cumplido con más de 30 años de servicio.
Cualquier modificación posterior que afecte de manera negativa sus derechos ya reconocidos resulta inconstitucional, por lo que exigieron a los legisladores locales intervenir como canal para frenar los efectos de la reforma en la entidad.
La polémica reforma busca aplicar la política de austeridad estableciendo un límite máximo a las pensiones y jubilaciones del personal del sector público.
El dictamen plantea que los montos de retiro no puedan exceder un porcentaje del salario que percibe el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Ante esto los colectivos de jubilados argumentan que los están colocando en un “saco” donde están la mayoría, puesto que el discurso oficial defiende la reforma para eliminar las pensiones excesivas o abusivas de los altos exfuncionarios públicos, en cambio sus ingresos no son privilegios otorgados de forma arbitraria, sino el resultado de décadas de ahorro, aportaciones a sus Afores y contratos colectivos legítimos
