Marco Alvarado / Diario de Chiapas
México registra avances significativos en la atención a las niñas y niños menores de seis años; sin embargo, el desafío central radica en mantener el crecimiento de la inversión pública y consolidar un presupuesto sostenible que permita revertir las profundas desigualdades territoriales.
Así lo advirtió la organización Pacto por la Primera Infancia tras presentar un balance sobre las condiciones de desarrollo y financiamiento para este sector de la población.
Las cifras del organismo revelan una realidad crítica: cuatro de cada diez niñas y niños de este rango de edad viven en pobreza, una proporción superior a la reflejada en otros grupos poblacionales.
La situación resulta alarmante al considerar que durante los primeros seis años de vida se construyen las bases esenciales de la salud, el aprendizaje y el desarrollo integral de las personas.
A pesar de que los datos generales muestran una disminución respecto a años anteriores, cuando en 2024 la pobreza en la primera infancia afectaba al 41.9 por ciento de la población infantil y la pobreza extrema al 8.7 por ciento, la disparidad entre las entidades del país continúa siendo muy amplia.
El rezago se concentra de forma alarmante en el sur: en Chiapas, el 79.0 por ciento de las niñas y niños menores de seis años vive en situación de pobreza, seguido por Guerrero con el 72.4 por ciento y Oaxaca con el 63.5 por ciento.
En el ámbito presupuestal, el balance arroja resultados positivos en la trayectoria reciente. Entre 2018 y 2025, la inversión pública destinada a la primera infancia creció más del 40 por ciento en términos reales, mientras que el gasto anual promedio asignado a cada niña y niño aumentó casi un 50 por ciento.
No obstante, expertos, autoridades, organizaciones civiles, organismos internacionales y representantes del sector privado coinciden en que los recursos invertidos aún son insuficientes frente a la magnitud del problema. Para 2025, el presupuesto orientado a este grupo etario representó el 2.53 por ciento del gasto público total, equivalente al 0.61 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
