El rostro de la maternidad forzada

El caso de Deisy no es un hecho aislado; es el rostro más crudo de una estadística que sitúa a Chiapas en la cima de una crisis

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Deysi “N”, de apenas 13 años de edad, carga con las secuelas de una tragedia persistente en Chiapas: hoy, la pequeña se debate entre la vida y la muerte en un hospital de San Cristóbal de Las Casas, tras dar a luz.

El caso de Deysi no es un hecho aislado; es el rostro más crudo de una estadística que sitúa a Chiapas en la cima de una crisis: el embarazo infantil.

Según los datos más recientes de la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del INEGI, publicados a finales de 2025, Chiapas es la entidad con la mayor tasa de fecundidad en niñas y adolescentes en México.

Con 19.4 nacimientos por cada mil menores de entre 10 y 17 años, el estado supera con creces el promedio nacional, convirtiendo la protección de las infancias en una asignatura pendiente.

Las cifras de 2024 muestran que 757 partos fueron registrados en niñas de apenas 10 a 14 años. Más de nueve mil casos en el rango de 10 a 17 años.

Municipios como Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Comitán encabezan la lista con las edades más tempranas de gestación.

Deysi llegó al hospital casi moribunda, abandonada por un hombre, presuntamente de 17 años de edad, que se identificó como su “esposo”. Este patrón es denunciado constantemente por activistas como Martha Figueroa Mier del Colectivo Mujeres de San Cristóbal (Colem).

Figueroa advierte que, detrás de la máscara de las tradiciones, se esconden violaciones sistemáticas y uniones forzadas, donde los padres de los bebés suelen triplicar o cuadruplicar la edad de las víctimas.

En casos de niñas de 10 a 12 años, los padres registrados llegan a tener hasta 40 años. Esto no es tradición; es violación y es matrimonio forzado, ha dicho reiteradamente la activista.

Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) y Save the Children México señalaron que el estado no solo falla en la prevención, sino que ignora el vínculo directo entre estos embarazos y redes de trata de personas o violencia criminal.

La gravedad de los daños orgánicos de Deysi y el pronóstico reservado de su bebé son el resultado de un sistema que reacciona cuando ya es demasiado tarde.

Organizaciones como Reinserta han sido enfáticas: todo embarazo en una menor de 15 años debe ser tratado automáticamente como un delito de violación.

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