Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
Los embarazos en niñas menores de 15 años representan una situación que requiere atención especial por los riesgos que puede implicar para su salud y por la posibilidad de que algunos casos estén relacionados con violencia sexual
Alejandra Muñoz, integrante de la Red por la Justicia Reproductiva y de la Red Aborta Libre Chiapas, explicó que estos embarazos son considerados de alto riesgo y que su atención no necesariamente se limita a las primeras 12 semanas, debido a que continuar con la gestación puede poner en riesgo la salud de la niña, señaló que algunos de estos embarazos pueden estar relacionados con violencia sexual, por lo que en esos casos debe activarse un protocolo para brindar acompañamiento y atención a las menores.
Muñoz aclaró que no se puede afirmar que todos los embarazos en niñas menores de 15 años sean consecuencia de violencia sexual. Sin embargo, señaló que puede existir este tipo de violencia cuando las menores no cuentan con toda la información necesaria para ejercer su vida sexual de manera libre y consentida.
Ante esta situación, hizo un llamado a las personas que conozcan a niñas que estén atravesando algún tipo de violencia sexual para que las acompañen ante las autoridades y puedan recibir atención.
La atención de estos casos también contempla condiciones específicas cuando una menor requiere servicios relacionados con la interrupción del embarazo. Muñoz explicó que las niñas y adolescentes pueden acudir acompañadas por una persona adulta
El tema forma parte de los pendientes que existen alrededor de la atención del embarazo en niñas y adolescentes en Chiapas, particularmente en aquellos casos donde puede existir violencia sexual. La entidad ha establecido acciones específicas para prevenir y atender esta problemática, en 2026, la Secretaría de Salud estatal informó sobre la implementación de una estrategia para prevenir el embarazo en adolescentes y la violencia sexual en municipios prioritarios.
Posteriormente, en octubre de 2025, el Congreso de Chiapas aprobó una ley para regular la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes víctimas de violación, con disposiciones dirigidas a garantizar atención médica y dar aviso a las autoridades correspondientes sobre los hechos.
