Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece a los sistemas comunitarios, será inviable garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en Chiapas, alertó la Alianza Aguas Comunes, al revelar que cerca de dos millones de personas en el estado, una de cada tres, dependen parcial o enteramente de los sistemas comunitarios de agua para acceder al recurso ante la falta de servicios públicos municipales.
Esto ocurre tanto en zonas rurales como en las periurbanas, donde son los propios vecinos, comités, patronatos, juntas y asambleas comunitarias quienes administran, operan, limpian y distribuyen el agua para sostener y resolver el acceso en comunidades donde las instituciones no han logrado garantizar el servicio.
De acuerdo con la Alianza Aguas Comunes, este esfuerzo colectivo histórico no puede continuar en el olvido institucional, sino que debe ser respaldado formalmente en la ley con presupuesto y fortalecimiento técnico.
Un censo de 2024 demostró que solo el 47.3 por ciento de los hogares en Chiapas cuenta realmente con una toma domiciliaria.
La situación se agrava al constatar que apenas el 41.2 por ciento de las viviendas en el estado recibe agua diariamente, una problemática que se agudiza en municipios rurales e indígenas.
“Los datos oficiales son contundentes: más de un tercio de la población de Chiapas tiene agua hoy gracias a la organización comunitaria.
La nueva Ley de Aguas no puede ignorar esta realidad. No se trata de trasladar la responsabilidad pública a la gente, sino de construir una corresponsabilidad real”, señala la Alianza.
Para que la reforma de la Ley de Aguas sea efectiva, la Alianza plantea asumir formalmente a los sistemas comunitarios como la estructura real que sostiene el servicio donde el municipio no ha logrado llegar.
Construir mecanismos de coordinación donde el reconocimiento comunitario no se traduzca en desatención pública o cargas desproporcionadas a las comunidades, sino en un respaldo institucional sostenido.
Y dotar a los comités y patronatos de herramientas operativas, formación administrativa y acompañamiento técnico para la potabilización, mantenimiento de redes y protección de fuentes de agua, así como acceso a financiamiento para infraestructura y mantenimiento.
