El empresario aporta el capital, las políticas y la administración, pero los trabajadores también contribuyen con su esfuerzo a que la empresa genere plusvalía: Colegio de Contadores Públicos
Karla García / Diario de Chiapas
En el marco del periodo de pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), especialistas en materia contable hicieron un llamado a las empresas a cumplir de manera estricta con sus obligaciones legales para evitar sanciones económicas y garantizar que los trabajadores reciban la parte que les corresponde por las ganancias generadas durante el ejercicio fiscal anterior.
El vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Luis Fernando Aguilar Figueroa, comentó en entrevista que la PTU constituye un derecho laboral mediante el cual los trabajadores participan en una parte de las utilidades fiscales obtenidas por las empresas, como reconocimiento a la contribución que realizan con su trabajo para la generación de riqueza.
“El empresario aporta el capital, las políticas y la administración, pero los trabajadores también contribuyen con su esfuerzo a que la empresa genere utilidades. Por eso existe este mecanismo de participación”, señaló.
Indicó que precisamente la determinación del monto a repartir suele generar diferencias entre patrones y trabajadores, ya que en muchos casos los empleados consideran que reciben menos de lo que corresponde, mientras que los empresarios sostienen que han cumplido con la ley.
Aguilar Figueroa recordó que durante mayo las empresas tienen la obligación de realizar el pago de utilidades, pero también deben cumplir con una serie de procedimientos administrativos y legales que posteriormente son revisados por la autoridad laboral.
Explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza inspecciones para verificar no solo que se haya efectuado el pago, sino que se hayan integrado correctamente las comisiones mixtas de participación de utilidades, elaborado las actas correspondientes y entregado la documentación necesaria a los representantes de los trabajadores.
“Las empresas deben acreditar todo el procedimiento. No basta con entregar el dinero; tienen que demostrar que el cálculo fue correcto y que el reparto se realizó de manera equitativa conforme a la ley”, precisó.
El especialista advirtió que cuando las autoridades detectan irregularidades en la determinación de la PTU pueden imponer sanciones importantes a las empresas.
Detalló que las multas no solo consideran una cantidad fija, sino que en muchos casos se multiplican por el número de trabajadores afectados, lo que puede representar montos elevados para los patrones incumplidos.
“Si una empresa tiene 20 trabajadores y la autoridad determina una infracción, la sanción puede aplicarse por cada trabajador afectado, lo que incrementa considerablemente el monto final”, explicó.
Respecto a las estrategias utilizadas por algunas empresas para reducir artificialmente las utilidades sujetas a reparto, Aguilar Figueroa señaló que únicamente pueden deducirse gastos estrictamente indispensables para la actividad económica del negocio.
Explicó que adquisiciones ajenas al giro comercial, gastos sin justificación o esquemas de simulación fiscal no solo pueden ser observados por la autoridad, sino que podrían derivar en sanciones adicionales.
Asimismo, destacó que inversiones como la compra de inmuebles, bodegas o infraestructura no necesariamente reducen de manera inmediata la PTU, ya que estos activos se deducen gradualmente mediante mecanismos de depreciación establecidos por la legislación fiscal.
Finalmente, el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos subrayó que la transparencia en la determinación de utilidades y el cumplimiento de los procedimientos legales son fundamentales para evitar conflictos laborales y garantizar que los trabajadores reciban una distribución justa de las ganancias generadas por las empresas.
“Lo más importante es cumplir correctamente con la ley. Cuando el cálculo está bien hecho y existe transparencia en el proceso, se reducen las controversias y se protege tanto a los trabajadores como a las empresas”, concluyó.
