Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional, alertando sobre el grave riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Chiapas.
La organización ha enfatizado que, en lugar de ser reconocidos por su labor, estos activistas son “asesinados, difamados, criminalizados y agredidos”, una constante que ha ido en aumento en los últimos años.
El Frayba recordó que es responsabilidad del Estado mexicano proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos, una obligación que, según la organización, evidentemente no se está cumpliendo.
Diversos informes señalan que en los últimos años Chiapas se ha posicionado como uno de los estados con mayor riesgo para los defensores, especialmente para aquellos que luchan por los derechos territoriales y ambientales en un contexto de creciente presencia de grupos criminales y conflictos socioambientales.
Entre los “asesinatos de alto perfil” que han marcado la última década, están los casos de Marcelo Pérez Pérez, sacerdote asesinado en octubre de 2024; Sinar Corzo Esquinca, quien murió tras ser atacado con arma de fuego en enero de 2019; Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, asesinado en 2019.
Ante la impunidad que rodea estos crímenes, el Frayba demandó que las investigaciones “deben ser sin atajos ni pactos de impunidad”.
La organización subrayó que cuando se ejecuta a alguien que lucha por la vida, “no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar”.
El centro exige una investigación exhaustiva que identifique a los responsables, los sancione adecuadamente y garantice que estos hechos
