La propuesta se fundamenta en las recientes reformas a la Constitución Federal, que reconocen a los pueblos como sujetos de derecho público, otorgándoles la base jurídica para elegir a sus representantes.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), en representación de los 70 pueblos originarios y el pueblo afromexicano, presentó formalmente ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral una serie de propuestas que buscan transformar el sistema político mexicano.
El objetivo central es garantizar, de manera efectiva y sin simulaciones, el derecho a la participación y representación política de estas comunidades en todos los niveles de gobierno.
En Chiapas la Constitución, en su Artículo 7, reconoce y protege a 12 pueblos indígenas, de los cuales el Tseltal es el más numeroso.
Mientras que por autoadscripción, se estima que aproximadamente tres millones 327 mil 669 personas en Chiapas se consideran indígenas. Esto representa cerca del 60 por ciento de la población total del estado, y poco más de 50 mil personas se asumen como afromexicanos.
Mientras que, según el Censo 2020, hay un millón 459 mil 648 personas, mayores de tres años, que hablan alguna lengua indígena. Esto equivale al 28.2 por ciento de la población del estado en ese rango de edad.
Esta prevalencia y diversidad de entidades como Chiapas, es la base contundente que presentó este consejo al señalar que, tras dos siglos de vida independiente, el sistema electoral actual sigue siendo una estructura que ignora la visión colectiva de los pueblos.
“El actual sistema electoral carece de representantes que tengan el respaldo de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas”, dicta el texto, subrayando que la estructura vigente desconoce la realidad social y las formas de organización interna de estas comunidades.
La propuesta se fundamenta en las recientes reformas a la Constitución Federal, que reconocen a los pueblos como sujetos de derecho público, otorgándoles la base jurídica para elegir a sus representantes bajo sus propios sistemas normativos.
La iniciativa no busca sólo una cuota de participación, sino una reforma estructural que incluya garantizar espacios reales en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales.
Además de reconocer el derecho de los pueblos a presentar candidatos elegidos mediante sus propias normas y procedimientos, sin intermediarios obligatorios.
Y con ello el reconocimiento pleno de elecciones mediante sistemas normativos indígenas y el respeto a las decisiones de las Asambleas Generales.
