Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La Fiscalía General del Estado de Chiapas reconoció su responsabilidad al vulnerar los derechos humanos de las cuatro mujeres indígenas tzotziles recluidas por cinco meses, acusadas de trata de personas durante la investigación del robo del niño Dylan Esaú en San Cristóbal de Las Casas.
La Colectiva Cereza informó que la FGE aceptó la recomendación 51/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en todos sus términos, “sobre el caso de violaciones a las garantías de seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia; así como a los derechos humanos al respeto de sus usos y costumbres, al honor y la dignidad humana”.
Lo anterior en agravio de Josefa, Hortensia, Juana y Maribel, mujeres originarias de Chigtón que fueron señaladas de la desaparición del menor, “detenidas ilegalmente y encarceladas, y cuando aparece Dylan entonces acusadas de ser parte de una red de trata de niñez”; así se construyen los delitos contra las mujeres y hombres de los pueblos, insistió la Colectiva Cereza.
LA RECOMENDACIÓN
La CNDH inicia la recomendación argumentando que llamó su atención que el 24 de julio de 2020, diversos medios de comunicación dieron a conocer que, al investigar la desaparición de Dylan, la FGE había desmantelado una red de trata de personas y que había logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, así como la detención de cuatro mujeres indígenas.
Después de hacer un estudio del caso, año y medio después, la Comisión solicitó al fiscal Olaf Gómez Ballinas localizar a las víctimas, así como a sus familiares que acrediten tener derecho para que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; se les brinde la reparación integral del daño y se les otorgue una compensación justa y suficiente; así como realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de la dependencia en los hechos descritos.
La Fiscalía también está comprometida con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado, para proporcionarles atención médica y psicológica; colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la probable comisión de hechos delictivos y en la queja que se presente ante la Visitaduría de esa dependencia en contra de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
CONSTRUCCIÓN DEL DELITO
El 30 de junio de 2020, Dylan de dos años jugaba con un atomizador dentro del Mercado Popular del Sur (Merposur), minutos después desapareció entre los pasillos del lugar donde siempre estaba a la vista de los locatarios.
Juanita, madre del menor acudía a diario a la Fiscalía todos los días a preguntar sobre su hijo. La joven madre no se explicaba la desaparición.
De acuerdo con la carpeta de investigación 0357, Adolfo Gómez fue el primer detenido por el robo de Dylan el 15 de julio en la colonia Salsipuedes de San Cristóbal; y su esposa Josefa Sánchez, fue a verlo y solicitar información a la Fiscalía.
El 16 de julio, un agente de la policía especializada antisecuestros informó sobre una supuesta entrevista que realizó a un hombre que señaló a Josefa, Adolfo y una mujer llamada Ofelia, de llevarse al niño Dylan, que reconoce por una imagen. El mismo día un agente dijo haber entrevistado a Adolfo Gómez, pero Adolfo ya estaba detenido.
El 17 de julio, las autoridades estatales ingresaron a un domicilio de Adolfo en el Barrio Tlaxcala, mismo que compartía con sus familiares y otras familias tzotziles, entre ellos 23 menores que fueron llevados al DIF de Tuxtla Gutiérrez. La FGE dijo que los “rescató”.
En el lugar fueron detenidas Josefa, Hortensia, Juana y Maribel. Pero fue hasta el 21 del mismo mes que las presentaron ante la FGE y las trasladaron a El Amate, acompañadas de tres bebés aún lactantes.
El 27 de julio, Adolfo Gómez fue encontrado sin vida en el interior del CERSS 5 de San Cristóbal. Días antes, había solicitado dinero para su protección; fue encontrado sin vida con huellas de tortura y la necropsia confirmó asfixia por ahorcamiento.
Familiares de los 23 menores resguardados por el DIF estatal y de las cuatro detenidas exigieron al entonces Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, la libertad de los implicados y expusieron las inconsistencias en las carpetas de investigación.
Después de 45 Dylan apareció en otro lugar con personas que no se relacionaban a las mujeres indígenas. Los 23 menores fueron devueltos, y meses después las mujeres tzotziles fueron dejadas en libertad con secuelas tan graves como la pérdida de un familiar.
