Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
“Sin refugio ni protección: la crítica realidad de miles de personas deportadas desde EEUU”, señala la organización Médicos Sin Frontera y agrega que desde marzo del año pasado se han registrado más de 600 mil deportaciones hacia México por una política instaurada en pandemia durante la pandemia por el COVID-19.
Laura Panqueva Otálora, jefa de comunicación dio a conocer en un comunicado de prensa que todas estas expulsiones han sido realizadas bajo la política del Título 42, para justificar la ilegal y discriminatoria detención y deportación inmediata de todas las personas extranjeras, inclusive aquellas que buscan asilo.
Los deportados intentan una y otra vez cruzar sin ser detenidos. Pero la mayor preocupación de la organización es el aumento de menores y su alta exposición a la violencia, al estar en la calle, es una de las grandes preocupaciones de la organización. La mayoría de los deportados son de países del Triángulo Norte —Honduras, El Salvador y Guatemala—, “y cada vez más son mujeres, niños, niñas y adolescentes no acompañados”.
“Hay niños y niñas que han sido separados de sus familiares pero que tampoco encuentran lugar en las entidades encargadas de protegerlos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o el Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), porque ya están sobrepasadas. Muchos se quedan sin dónde resguardarse, cada vez más vulnerables”.
La falta de respuesta por parte de las instituciones mexicanas para proporcionar a estas personas las condiciones dignas de refugio, se suma el temor y la desinformación.
Alega que, en los retornos, los puntos fronterizos se encuentran con estaciones migratorias, albergues saturados y una inasistencia completa a sus necesidades básicas.
En Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración, afirma que puede dar a las personas permisos escritos por permanencia de 30 días en México. “Sin embargo, esta acción está sujeta a que las personas demuestren que tienen el dinero del transporte para retornar a sus países”.
“Las necesidades más agudas se presentan en el parque por la falta de asistencia. Estamos dando atención primaria en salud a menores, mujeres y prestando urgencias médicas. Cuando detectamos sintomatologías respiratorias o sospecha de casos de COVID-19, notificamos a la jurisdicción de salud, quien se encarga de hacer la prueba rápida”.
De acuerdo a ACNUR, el 70 por ciento de la migración ingresa por Chiapas. Las autoridades mantienen operativos militares en ambas fronteras ejerciendo, también, detenciones arbitrarias denunciadas por la sociedad civil.
Las ciudades fronterizas de México están copadas de personas. En el sur la situación es similar con la contención de personas con trámites migratorios, las detenciones y retornos a sus países de origen o fronteras, con violaciones a los derechos humanos, incluso al interés superior de la niñez, como lo denuncia la sociedad civil.
