-En paralelo, el sector laboral mantiene su enfoque en la reforma constitucional que busca establecer dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, reduciendo la jornada
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Mientras el Congreso de la Unión mantiene en intensa discusión la histórica reforma para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, las empresas mexicanas enfrentan un desafío financiero y operativo inmediato que exige una atención urgente: la alta rotación de personal.
Un análisis reciente subraya que, aunque la transición a las 40 horas se propone ser gradual, entre 2026 y 2030, para facilitar la adaptación de las PyMEs, la fuga constante de talento ya está generando costos significativos y pérdida de conocimiento estratégico.
Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apuntan a una rotación laboral promedio de 16.7 por ciento.
Esta cifra se alinea con la reportada por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), que indica que casi el 17 por ciento de los trabajadores cambia de empleo cada año.
Esta constante movilidad es una señal de vulnerabilidad para las organizaciones. El costo real de la rotación trasciende los números directos, manifestándose en proyectos interrumpidos, desaceleración o detención de iniciativas clave, además de la pérdida de conocimiento estratégico por experiencia acumulada y las habilidades específicas.
Lo cual aumenta como consecuencia un desgaste general, al crear una mayor carga de trabajo para el personal que permanece y un impacto negativo en la moral.
La situación exige que las empresas implementen estrategias inmediatas para detectar señales tempranas de desgaste o desmotivación y mejorar la experiencia del empleado, reduciendo las rotaciones disruptivas.
En paralelo, el sector laboral mantiene su enfoque en la reforma constitucional que busca establecer dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, reduciendo así la jornada máxima a 40 horas.
La iniciativa, que modificaría la Ley Federal del Trabajo y el Artículo 123 Constitucional, se encuentra pendiente de aprobación definitiva en el Congreso.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea su implementación de manera escalonada a partir de 2026 y hasta 2030, un periodo de transición diseñado para permitir que los sectores productivos, especialmente las MiPyMEs, se adapten a las nuevas exigencias sin afectar su operación económica.
Aun con la prometida mejora en la calidad de vida laboral, la alta rotación subraya la necesidad de que las empresas aborden hoy los problemas de desmotivación y bienestar del personal, independientemente de la legislación pendiente.
