La colectiva a Madres Buscadoras de Chiapas lo confirmó; es un paso fundamental para visibilizar una crisis que durante años permaneció en silencio, dicen madres buscadoras
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
En el marco de una visita oficial a territorio mexicano, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se reunieron con representantes del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.
El diagnóstico derivado del encuentro revela que la tortura en México persiste como un lastre que vulnera la dignidad humana, alimentado por la omisión del Estado en su obligación de erradicar tratos crueles e inhumanos.
Conclusión obtenida luego de que integrantes del Comité de la ONU visitaron prisiones y Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS), instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias, todas hechas bajo el principio de estricta confidencialidad para evitar represalias contra los declarantes, mediante las cuales los delegados internacionales recolectaron testimonios directos sobre la realidad que se vive en los centros de detención.
De acuerdo con el Frayba, la situación en los centros penitenciarios ha rebasado los límites de la legalidad. Se denunció que en los CERSS prevalece la fabricación de culpables y el uso del sistema penal como herramienta de represión política.
Las condiciones de vida dentro de las celdas fueron calificadas como inhumanas. Entre los puntos más críticos destacan una persistente sobrepoblación y alimentación en mal estado que provoca cuadros recurrentes de vómito y dolor abdominal, sin atención médica oportuna.
También, identificaron que la mayoría de los internos padece trastorno de estrés postraumático y ansiedad generalizada.
Además que los familiares e internos denuncian el cobro de “impuestos” por el uso de literas, además de trabajos forzados y el robo sistemático de pertenencias durante cateos realizados tanto por grupos de autogobierno, como por el propio personal penitenciario.
Un punto clave discutido con la ONU fue el retroceso en materia de transparencia. El Frayba alertó que la eliminación del INAI ha constituido una barrera crítica. Sin acceso a datos públicos, la posibilidad de monitorear y mejorar las condiciones en los centros de detención se vuelve casi nula, limitando la rendición de cuentas y debilitando el ejercicio democrático en el país.
