Llega a 12 los sacerdotes asesinados desde 2018
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez se unió al clamor de justicia por el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien era párroco de San Cristóbal Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.
La muerte de Estrada eleva a 11 el número de sacerdotes católicos asesinados en el país desde 2018.
Antes de Bertoldo Pantaleón, en Guerrero, otro crimen conmocionó a la comunidad católica del país: el crimen a quemarropa de Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas.
El último caso reportado fue el pasado 18 de agosto, cuando se confirmó la muerte de Isaías Ramírez, quien había desempeñado su actividad pastoral en Tuxtla Gutiérrez, y cuyo cuerpo fue encontrado en la base del puente San Fernando, en Jalisco, luego de haber sido reportado como desaparecido tres días antes.
En 2023 Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango, fue acuchillado al término de la misa, y pese a la gravedad de las lesiones logró sobrevivir.
Sin embargo, un día después, Javier García Villalfaña, de Capacho, Michoacán, fue asesinado cuando circulaba en un automóvil.
Mientras que en junio de 2022 se reportó la muerte de los sacerdotes jesuítas Javier Campos y Joaquín Mora, en Chihuahua.
Además, en julio de ese año, un informe del Centro Católico Multimedia señaló que entre 2018 y 2022 seis ministros de culto católico habían sufrido una muerte violenta.
Como el caso del sacerdote José Guadalupe Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado en un rancho cercano a la Hacienda Santa Verónica en Tecate, Baja California. Era presidente de la Casa del Migrante en Tecate.
Los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, fueron asesinados en su iglesia el 20 de junio del 2022, en Cerocahui, Tarahumara, Chihuahua.
Además, entre los años 2019 y 2021 murieron en circunstancias violentas los clérigos José Guadalupe Popoca Soto; Gumersindo Cortés González; Juan Antonio Orozco Alvarado y José Martín Guzmán Vega.
Además, continúan en calidad de desaparecidos Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, quién desapareció el 29 de diciembre de 2012, a la fecha, nadie sabe nada.
También Carlos Órnelas Puga, quien desapareció el 3 de noviembre de 2013, y tampoco se tiene conocimiento de su paradero.
Con lo ocurrido en el estado de Guerrero, no sólo la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, sino la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externaron su preocupación por la violencia y el dolor que está ocurriendo entre las comunidades creyentes que, en diferentes partes del país, han visto a sus sacerdotes asesinados con total impunidad.
La CEM enfatizó que ninguna forma de violencia debe tener cabida en el país si el objetivo es alcanzar la recuperación social.
