Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La Comisión Permanente de la 69 Legislatura del Congreso local votará esta semana una iniciativa de reforma al Código Civil que busca crear formalmente el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La propuesta plantea condicionar una amplia gama de trámites administrativos, así como el acceso a cargos de elección popular y nombramientos en el servicio público, a la presentación obligatoria de una constancia que acredite no estar inscrito en dicho padrón.
De aprobarse el dictamen, aquellas personas catalogadas como deudoras alimentarias quedarán imposibilitadas para tramitar licencias de conducir y permisos diversos, competir por candidaturas políticas o asumir funciones dentro de la administración pública.
La medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención y priorizar el bienestar de las familias.
En el aspecto legal, la iniciativa modifica el artículo 318 del Código Civil para establecer que, si una persona obligada a brindar alimentos se niega a hacerlo o se encuentra ausente, asumirá la responsabilidad legal por las deudas que la parte acreedora deba contraer para cubrir las necesidades básicas de subsistencia.
Asimismo, la normativa define con claridad la figura del deudor moroso: se considerará como tal a quien, teniendo la obligación y capacidad de cumplirla, deje de cubrir la pensión decretada por un juez o fijada mediante convenio judicial de forma consecutiva o intermitente durante un periodo de 60 días.
Al cumplirse este plazo, la autoridad jurisdiccional ordenará de manera directa el ingreso de sus datos al Registro Estatal.
El paquete de reformas enviado al Congreso local no solo contempla la protección alimentaria, sino que propone tres modificaciones complementarias orientadas a fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes, modernizar la gestión administrativa e impartición de justicia, y armonizar las leyes locales con los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos y transparencia.
