Jeny Pascacio/Diario de Chiapas
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades federales y estatales para proteger los derechos y la seguridad de las personas integrantes del éxodo migrante que salió de Tapachula, es la sociedad civil la que brinda apoyo con alimentos y atención médica.
Este fin de semana, a la par de la salida del grupo de miles de migrantes acompañados por el Centro de Dignificación Humana y Pueblo Sin Fronteras, la CNDH solicitó a las autoridades federales y de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca implementar medidas ante la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública para contenerlos.
Hasta ahora, organizaciones y la iglesia cristiana brindan alimentos y asistencia médica. Mientras que, del lado institucional, solo el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas confirmó atención prehospitalaria a través de una ambulancia que acompaña la marcha de las personas de 12 nacionalidades.
El llamado textual fue para las secretarías de Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las secretarías Generales de Gobierno
Sin embargo, la CNDH fue clara al solicitar la garantía de atención humanitaria de urgencia, privilegiando el cuidado de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como menores de edad, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad.
Llamó a la Secretaría de Salud a implementar medidas de prevención y atención ante la pandemia por COVID-19, pero al cuestionar a la dependencia estatal sobre el servicio que están brindando, dijo que el tema es federal, pero en caso de ser necesario están en “alerta”.
Asimismo, a pesar de las solicitudes al INM y la Guardia Nacional, ya se suscitaron incidentes por el uso de la fuerza, mientras los agentes migratorios, a través del Grupo Beta, intenta convencer a los extranjeros de regresar y esperar sus trámites en Tapachula, “la ciudad cárcel” como es llamada por la contención migratoria que se ejerce desde 2018.
