Pretenden trasladar las oficinas a un inmueble ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez que no cuenta con los dictámenes de riesgo ni con condiciones adecuadas de seguridad
Karla García / Diario de Chiapas
Juana Inés Tapia Torres, delegada sindical de la representación estatal del ISSSTE en Chiapas, denunció presuntas irregularidades en el proceso de reubicación de la sede administrativa del instituto en la entidad, pues señaló que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pretenden trasladar las oficinas a un inmueble ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez que, afirmó, no cuenta con los dictámenes de riesgo ni con condiciones adecuadas de seguridad.
En entrevista, explicó que el edificio presenta diversas carencias, entre ellas falta de ventilación, ausencia de estacionamiento, inexistencia de rampas para personas con discapacidad, así como la falta de salidas de emergencia y elevadores, lo que podría poner en riesgo tanto a trabajadores como a derechohabientes.
La dirigente sindical señaló que la inconformidad del personal no es nueva, ya que desde hace varios años han solicitado el cambio de sede administrativa; sin embargo, insistió en que este debe realizarse a un espacio que garantice condiciones dignas y seguras para desempeñar sus labores.
“Sí existe inconformidad porque se trata de un edificio antiguo, que anteriormente albergó una universidad que no reúne las condiciones adecuadas para el tipo de trabajo que realizamos”, expresó.
Detalló que actualmente laboran cerca de 280 trabajadores en estas oficinas, mientras que cada día acuden alrededor de 700 personas entre pensionados y jubilados, además de unos 400 derechohabientes en activo que realizan distintos trámites.
Explicó que la mayoría de los pensionados tiene más de 60 años y muchos presentan alguna condición de vulnerabilidad o discapacidad, por lo que las escaleras pronunciadas del inmueble ubicado sobre la Primera Norte, en el centro de la capital chiapaneca, representarían un riesgo considerable de caídas.
Tapia Torres señaló a la subdelegada de Administración, Nayeli López Méndez, y al jefe de almacén identificado como Emanuel, como quienes han impulsado el traslado bajo argumentos que calificó como falsos.
Según relató, a los trabajadores se les informó que el propietario del edificio actual no deseaba renovar el contrato de arrendamiento y que oficinas centrales en la Ciudad de México habían solicitado reducir en un 40 por ciento el gasto destinado a renta.
No obstante, la delegada sindical sostuvo que esta versión es incorrecta y criticó que se utilicen criterios de austeridad en decisiones que podrían comprometer la seguridad de empleados y usuarios del instituto.
Añadió que, aunque autoridades respondieron a una queja presentada ante Atención Ciudadana de la Presidencia señalando que el inmueble cumple con las condiciones necesarias, dicha evaluación habría sido realizada por personal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), cuya función, precisó, no es emitir dictámenes estructurales.
Ante esta situación, la dirigente sindical advirtió que responsabilizan a las autoridades del instituto, incluida la subdelegación administrativa, de cualquier incidente que pudiera derivarse de un eventual traslado a dicho inmueble.
Para finalizar, hizo un llamado al director general del ISSSTE, Martí Batres, para que intervenga en el caso y ordene una revisión exhaustiva de las condiciones del edificio.
También solicitó que la Dirección General de Protección Civil y los colegios de ingenieros y arquitectos de Chiapas realicen una evaluación técnica del inmueble para determinar si cumple o no con los requisitos de seguridad.
