El ministerio público de Tonalá hace como que “investiga”; apenas tramitará a Conciliación y Arbitraje Médico los pormenores de un hecho que se registró hace 8 meses y medio
M de R / Diario de Chiapas
Casi nueve meses después de que falleciera Eberto López Vázquez, un joven padre de familia que dejó en la orfandad a cuatro hijos, tras morir por negligencia médica, durante su estancia en la Clínica Ultra Diagnóstico, en el municipio de Tonalá, su esposa Odilia Vázquez García lamentó que en la Fiscalía General del Estado con sede en aquel municipio de la Costa Chica, las autoridades tomen a juego este caso, todo por el supuesto tráfico de influencias a los que se han acogido los doctores Jorge Solís Ruiz y Martín Aquiles López Gómez, presuntos responsables.
La señora Vázquez García dijo que, a raíz de la publicación en el Diario de Chiapas, el viernes pasado fue citada por Manuel Martínez Pérez, fiscal del ministerio público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Istmo Costa con sede en Tonalá, para notificarle el “avance” de la investigación y las diligencias pendientes de desahogar.
Lo inaudito del caso, dijo la viuda, es que el fiscal le comentó que enviaría -ocho meses después del deceso- el expediente a la Comisión de Arbitraje Médico para que éste haga “una pericial médica” sobre la forma en que se falleció Eberto López Vázquez, cuyo peritaje previo de la propia Fiscalía General del estado a cargo de la médico legista, Yohana Edith López Ballinas, determinó que sí hubo responsabilidad médica por parte de los doctores Jorge Solís Ruiz y Martín Aquiles López Gómez.
Adelantándose a los hechos, el fiscal le hizo saber que si Conciliación y Arbitraje Médico falla contrario a lo dictaminado por la doctora López Ballinas, engavetaría el caso, dejando de lado la maña práctica de los doctores Solís Ruiz y López Gómez, librando la acción penal y sólo el caso se abordaría desde en materia civil.
Además, el fiscal pidió a la víctima indirecta firmar un documento donde ella es la que pide el peritaje a Conciliación, con lo cual, dice tanto ella como su abogado, que el funcionario tiene las manos “embarradas” con los galenos, que, por cierto, pregonan que no les harán nada porque están muy bien relacionados con personajes políticos de “arriba”.
En este sentido, el servidor público hizo ver a la señora Odilia que no es culpa de él que el expediente esté lleno de irregularidades por “culpa de los primeros ministerios públicos que no hicieron la investigación conforme a derecho y que lo dejaría así, por que la fiscalía no lo puede arreglar, y por tanto, así seguirá la investigación con deficiencias en la investigación”.
Además, de acuerdo con la defensa de la viuda, desde hace tres meses se solicitó a la Fiscalía que citaran a comparecer a los médicos señalados de responsables, y ni un ápice ha movido, esperando a que la familia renuncie a seguir exigiendo justicia y al pago de la indemnización correspondiente.
El doctor Iván de Jesús Meda Pereyra, quien atendió a Eberto, tras haber sido sacado de la Clínica Santa Fe de Tonalá, no ha sido llamado tampoco a declarar por parte de la Fiscalía, siendo que el médico le ha confiado a la familia que está en la mejor disposición de ofrecer su parte de cómo llegó el paciente y qué fue lo que le hizo para tratar de salvarle vida.
