- La Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en Chiapas, promulgada en 2015, continúa sin aplicarse de manera integral, una situación que mantiene a miles de personas en condiciones de desigualdad y limita su acceso pleno a derechos básicos
Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
A casi diez años de su aprobación, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en Chiapas, promulgada en 2015, continúa sin aplicarse de manera integral, una situación que mantiene a miles de personas en condiciones de desigualdad y limita su acceso pleno a derechos básicos. En un contexto donde la inclusión se ha convertido en un tema central en la agenda pública, esta omisión representa uno de los principales retos sociales del estado.
En entrevista, la diputada Luz María Moreno enfatizó la urgencia de contar con el reglamento de dicha ley, un instrumento indispensable para que su contenido pueda traducirse en acciones concretas. Sin este reglamento, explicó, la legislación permanece incompleta y carece de fuerza obligatoria para los municipios, que son la primera instancia de contacto con la ciudadanía.
La legisladora advirtió que la falta de aplicación plena impide que los ayuntamientos estén obligados a crear consejos municipales y áreas especializadas de atención a personas con discapacidad, lo que provoca una atención fragmentada, insuficiente o inexistente en muchas localidades. Esta situación genera una brecha entre municipios, donde el acceso a servicios y apoyos depende más de la voluntad política que de un marco legal claro.
En la actualidad, la ausencia de estructuras municipales especializadas impacta directamente en áreas fundamentales como la movilidad urbana, el acceso a edificios públicos, la educación, la salud y el empleo. Para las personas con discapacidad y sus familias, esto se traduce en obstáculos cotidianos que limitan su participación social y económica, reforzando la exclusión.
Moreno subrayó que activar la Ley de Inclusión no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético y social. Contar con el reglamento permitiría establecer responsabilidades, mecanismos de seguimiento y coordinación entre el estado y los municipios, además de garantizar espacios de participación donde las propias personas con discapacidad puedan incidir en las decisiones que afectan su vida diaria.
Desde una perspectiva actual, la inclusión no puede seguir siendo un tema secundario. En un estado como Chiapas, caracterizado por su diversidad cultural y social, avanzar hacia políticas públicas incluyentes significa apostar por un desarrollo más justo y equitativo. La implementación efectiva de la ley permitiría que los municipios cuenten con herramientas claras para diseñar programas, asignar recursos y capacitar personal especializado.
La diputada reiteró que el reto no es menor, pero sí urgente. Activar la Ley de Inclusión en los municipios representaría un paso decisivo para pasar del discurso a la acción, garantizar derechos y construir comunidades donde la discapacidad no sea sinónimo de exclusión. En el contexto actual, avanzar en esta agenda es clave para el presente y el futuro social de Chiapas.
