Un conflicto simbolizó la candidatura de Sahara Munira José Flores, “representante” de la comunidad sexual
Diferencias en la interpretación de la ley entre IEPC, TEECH y TEPJF da candidatura a quien se considera “lesbiana”, pero rechazada por los colectivos LGBTTTIQ+
El antecedente grotesco de la candidatura que se adjudicó José Uriel Estrada Martínez, la referencia que citan el TEECH y el IEPC
Marco Alvarado/ Ainer González / José Salazar / Juan Leyva / Carlos Rosales / Ainer González / Diario de Chiapas
Diseño: Luis Méndez. Coordina: Yuridia Montenegro / Diario de Chiapas
Chiapas, a la par con otras entidades federativas, ha acaparado los titulares de los medios de comunicación y el interés colectivo por los “agandalles” en la asignación de diputaciones en materia indígena y muy recientemente en la auto adscripción de la comunidad sexual, donde ha habido una serie de circunstancias y vacíos en la ley para acogerse de una curul, lo que a la par del “consentimiento” del partido que da el visto bueno a la candidatura, el hecho enfrenta a las partes por el desconocimiento que existe en materia electoral.
El mismo caso se dio con el ex auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, quien se hizo de la diputación indígena, burlando a los pueblos étnicos y hoy gozando no sólo de impunidad, pues está blindado para rendir cuentas a lo que se le acusa, sino que camina como “Pedro por su casa” y ganando sus miles de pesos sin trabajar y sin portar la vestimenta de la región étnica a la que representa.
Usurpación de candidaturas indígenas, la gran burla para pueblos
Para explicar el problema legal al que actualmente se enfrenta la LXIX Legislatura local, no porque tengan que ver en el caso, sino porque debe legislar para no volver a tener problemas en la adscripción de los candidatos que se agandallan las curules, habría que citar que son múltiples las denuncias de usurpación de cargos asignados para comunidades indígenas en México, particularmente en el contexto de las diputaciones federales y locales.
Estos cargos, creados para garantizar la representación de los pueblos originarios, han sido ocupados por personas que no cumplen con los requisitos de autoadscripción indígena calificada.
En este año, representantes indígenas de Simojovel calificaron como escandaloso e inadmisible que el partido Morena y sus aliados (PT y PVEM), sigan postulando a políticos y ex servidores públicos que no cumplan con la autoadscripción indígena calificada, como es el caso del ex auditor, José Uriel Estrada Martínez, quien fue “palomeado” como candidato a diputado por el Distrito 08 Simojovel.
En los últimos procesos electorales, se ha evidenciado un patrón de usurpación de diputaciones federales y locales indígenas. El objetivo de las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) era garantizar la representación de las comunidades indígenas en el Congreso, estableciendo cuotas mínimas en distritos con alta población indígena. Sin embargo, diversos personajes y partidos políticos han manipulado este proceso, postulando a candidatos que no cumplen con los requisitos de vinculación efectiva con las comunidades indígenas.
Los casos que defraudan la confianza
Uno de los casos más conocidos es el de Humberto Pedrero Moreno, ex secretario de Hacienda del Gobierno de Chiapas, quien obtuvo una diputación federal en 2018 tras presentar documentos falsificados para acreditar su pertenencia a una comunidad indígena. Pedrero renunció a su cargo en 2019, pero el patrón continuó: candidatas como Patricia Mass Lazos y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, también ocuparon cargos destinados a comunidades indígenas sin acreditar dicho vínculo.
Asimismo, en el proceso electoral local de 2021, se presentó una situación similar en distritos como el de Bochil (Distrito 02), donde se impugnaron candidaturas por no ser indígenas. Este fue el caso de la prima del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la morenista Manuela del Carmen Obrador Narváez, candidata electa del Distrito de Palenque, puesto por el que la Red Nacional Indígena (RNI), denunció que su candidatura era una clara usurpación de la representación indígena.
Hace tres años, la Red argumentó que este caso es una muestra de cómo los partidos políticos postulan candidatos que, mediante la autoadscripción o documentos poco demostrables, logran ocupar espacios destinados a los pueblos originarios, despojándolos de su derecho a una representación genuina.
Este tipo de prácticas, mencionó la RNI, que ha sido posible debido a la debilidad en los mecanismos de verificación de la autoadscripción calificada, que el INE ha intentado corregir, aunque con resultados limitados.
El caso del “indígena” José Uriel Estrada
En el ámbito local, uno de los casos más destacados es del ex auditor Superior del Estado de Chiapas, José Uriel Estrada Martínez, quien fue seleccionado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como su candidato a diputado por el Distrito 08, que incluye municipios indígenas como Simojovel, Chenalhó, y Chalchihuitán. Dicha postulación fue aceptada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Sin embargo, la candidatura de Estrada Martínez generó polémica y controversia debido a que no tiene vínculos con las comunidades indígenas de la región. Líderes y representantes indígenas denunciaron su candidatura como una imposición política que no respeta los derechos de las comunidades tsotsiles, ya que no cumple con los requisitos de autoadscripción indígena ni reside en los municipios del distrito
¿Cuál es la normativa del INE para las candidaturas indígenas?
Para registrarse en una candidatura con acción afirmativa indígena, se requiere validar ante el INE una autoadscripción calificada.
Según los “Lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscricpión calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular”, los aspirantes a una candidatura con acción afirmativa indígena deben acreditar tener como lengua materna una lengua indígena, o cumplir con al menos tres de los siguientes requisitos:
Pertenecer a la comunidad indígena
Ser nativa de la comunidad indígena
Hablar la lengua indígena de la comunidad
Ser descendiente de personas indígenas de la comunidad
Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad
Haberse desempeñado como representante de la comunidad
Haber participado activamente en beneficio de la comunidad
Haber demostrado su compromiso con la comunidad
Haber prestado servicio comunitario
Haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar las instituciones o resolver conflictos en la comunidad
Haber sido miembro de alguna asociación indígena para mejorar o conservar sus instituciones
Además, deberán presentar una constancia de autoadscripción indígena expedida por alguna autoridad tradicional o comunitaria, como una asamblea general comunitaria, asamblea de autoridades indígenas, tradicionales o comunitarias; o autoridades tradicionales o agrarias, incluidas las ejidales.
Mientras que para quienes hayan sido electos para alguna diputación en algunos de los distritos indígenas en los procesos electorales federales de 2018 o 2021, deberán acreditar el vínculo con la comunidad indígena con esos elementos.
El nuevo pleito por adscripción a la diversidad sexual
Tras la polémica que suscitó la asignación de la primera diputación local a la diversidad sexual, María Teresa Campos Flores, activista de la comunidad LGBT en Chiapas, opinó que estos espacios deben pasar de una autoadscripción simple a una calificada, y de esta manera hacer valer las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables.
Campos Flores, quien impugnó la curul otorgada a Sáhara Munira José Flores, cuñada de la senadora Sasil de León Villard, a quien señala de no ser una persona de la diversidad sexual, comentó que los colectivos quieren trabajar este tema con el Congreso local, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
“Además de tener el reconocimiento de la comunidad diversa, que sea conocida o conocido por un trabajo en favor de este grupo vulnerable”.
La activista rechazó que quieran asumirse en jurado calificador, aunque sí están en desacuerdo con que este logro de la comunidad LGBT siga el mismo camino que los espacios otorgados a las mujeres o personas de origen indígena.
“Lo vimos cuando se instruyó la paridad, los casos de simulación, y luego cuando se dio la autoadscripción indígena, que hombres blancos se asumieron como representantes de estas comunidades y ocuparon los espacios”.
Recordó que las acciones afirmativas permiten a los grupos vulnerables llegar a tener una representación en la vida pública, ayuntamientos y congresos, de ahí que sea importante que los espacios sean para quienes han luchado por estos derechos.
“Con una autoadscripción calificada no bastará con lo dicho, sino que haya un soporte de trabajo realizado”, comentó.
La historia señala que Sahara Munira José Flores se registró por la diversidad sexual, hecho que avaló el IEPC y ante la impugnación que interpuso la comunidad LGBTT, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, le dio la razón a esta última. A su vez, la cuñada de la senadora Sasil de Léon presentó su inconformidad ante el Tribunal Electoral Federal y este le avaló su candidatura ante supuestas inconsistencias en la querella presentada por los abogados del Colectivo.
De inmediato, diversas organizaciones, colectivos y en redes sociales se acusó a la senadora Sasil de León de tráfico de influencias en este caso, para conseguir la candidatura y la diputación a favor de su cuñada, José Flores.
Para obtener la candidatura, Sahara dijo ser bisexual; sin embargo, colectivos LGBTI+ evidenciaron su condición heterosexual y su matrimonio con Fitzgerald de León Villar, hermano de la senadora.
Sahara Munira José Flores respondió a las críticas a través de un comunicado, en el que defendió su vinculación personal con la comunidad LGBTTTIQ+. Aseguró que su nombramiento cumple con los requisitos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que su posición en la lista plurinominal también respeta la cuota de jóvenes y rechazó las acusaciones de usurpación.
Lo cierto es que Diario Media Group buscó por todos los medios una entrevista con la diputada, pero nunca hubo respuesta. Incluso se hizo viral una “alocada carrera” que protagonizó la supuesta representante de la diversidad sexual, cuando en una de las sesiones del Congreso del Estado, se le insistió en que diera su versión, pero no accedió. Caminó tan de prisa, escoltada por su gente hasta que se metió a su cubículo.
Dijo que convocaría a una conferencia de prensa para dar detalles de su candidatura, pero hasta ahora no ha dado la cara.
Un tema complejo
“El reto en el tema de la autoadscripción es cómo demostrar lo que dice, su autoreconocimiento, particularmente en el caso de la preferencia sexual”, comentó en una entrevista la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez.
“Aquí hay un factor importante, el derecho que tiene la persona de hacer o no visible su preferencia sexual, como lo ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es algo tan íntimo, tan privado, que de no ser respetado se estaría vulnerando un derecho”.
No obstante, recordó que esta sala también se pronunció recientemente sobre este tema, al señalar que aquellas personas que busquen una representación LGBT, deben hacer pública su autoadscripción de género; si buscan ese espacio deben cumplir con este requisito.
“El punto fino es cómo lo demuestra la persona, entonces las autoridades tenemos que sentarnos a revisar cómo poder impulsar estas representaciones políticas, pero que sean reales y verdaderas”.
Vila Domínguez opinó que en el caso de la representación LGBT pasará lo mismo que la autoadscripción indígena, que, tras los casos de simulación, pasó de requerir una autoadscripción simple a la calificada.
Ahora bien, la funcionaria electoral local destacó que se trata de corresponsabilidad; de las personas que aceptan la candidatura sabiendo que no forman parte de este grupo o sector, y de los propios partidos políticos que aceptan esas conductas.
“El IEPC parte de la buena fe de las personas que se registran para una candidatura, ya que, hasta el momento, en Chiapas no existe una ley que determine el mecanismo para probar si la persona es, por ejemplo, integrante de la comunidad de la diversidad sexual”.
Tampoco el Congreso local asumió su responsabilidad en estos temas. No se pronunció ni emitió las reglas al presentar las leyes para el proceso electoral del 2024, no dijo nada sobre la autoadscripción y los mecanismos de verificación, y esto incluye la representación de personas con discapacidad y afrodescendientes.
La funcionaria lamentó que la polémica en Chiapas haya vulnerado el derecho de una persona a mantener en el ámbito de lo privado su orientación sexual, por eso consideró que es necesario revisar el marco legal para estas candidaturas, y que los sectores se sientan representados.
