Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
El desempleo de mujeres madres de familia en México incrementó, agravando la desigualdad crónica como consecuencia del enorme impacto económico de la pandemia de COVID-19 y las deficiencias en las políticas públicas que, generan a la par, violencias estructurales.
Azalia Rodríguez es defensora de los derechos humanos e historiadora de profesión. Hace tres meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas la despidió por razones de género y maternidad.
Mejor conocida como el Frayba, es una de las organizaciones más importantes de Chiapas establecida en San Cristóbal de Las Casas, y señalada de carecer de políticas laborales de conciliación con la maternidad y de cuidado integral para las defensoras que contradice su labor en la defensa de derechos humanos.
Para Azalia, la organización no garantiza la seguridad y la integridad de las mujeres que trabajan en contextos de violencias afrontando tanto al estado como violencias internas en la propia organización.
“La explotación laboral y acoso constante, la violencia psicológica fueron constantes en un contexto donde yo pedía trabajar en casa primero por cuestiones de cuidados de mis hijos como madre autónoma. Afronto la maternidad sola y mis hijos dependen por completo de mí”.
De marzo a junio de 2020 trabajó desde casa y después fue obligada a cumplir 10 horas en oficina con la solicitud de no llevar a sus dos pequeños hijos; siguiendo prácticas de discriminación y pasando por alto los acuerdos internacionales que protegen el interés superior de la niñez.
Durante la pandemia las guarderías cerraron. Ni empresas, organizaciones, medios de comunicación e instancias gubernamentales otorgaron la posibilidad de un apoyo extra en el cuidado de los y las hijas de las trabajadoras.
Pasaron algunos meses y Azalia presentó síntomas relacionados al coronavirus.
El examen de farmacia resultó negativo, pero semanas después un médico le encontró secuelas, por lo que tuvo que pedir vacaciones, pues Frayba no validó su incapacidad.
Su recuperación fue lenta, lo que imposibilitó que retomara sus labores en el día indicado. Esto le provocó faltas administrativas y despido injustificado sin reconocimiento de antigüedad, que fue resuelto por un medio “conciliatorio”.
“Durante la pandemia nuestros derechos han retrocedido. La celebración del 10 de Mayo evidencia las contradicciones de un sistema machista patriarcal donde la exigencia es el estereotipo es de una mujer súper heroína, súper guerrera, abnegada, callada que no se queja y que cuida a los otros y a las otras de tiempo completo pero la par se le invisibiliza de aportes económicos”, enfatiza la defensora de derechos humanos.
En el Foro Económico Mundial sobre las oportunidades económicas de las mujeres en 2019, México se ubicó en el puesto 124 de 153 del análisis.
Gabriela Inchauste, investigadora del Banco Mundial, ha señalado que el desempleo femenino “es una de las mayores barreras de desarrollo que tiene México” con una brecha de género que le cuesta al país 25 por ciento del ingreso per cápita.
Azalia encontró redes de apoyo como Tribu: Maternidades Feministas, “las madres nos estamos cuestionando incluso al movimiento feminista y defensa de derechos humanos que en este país también refuerzan estos patrones de discriminación”.
