Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La 69 Legislatura del Congreso estatal respaldó la creación de un reglamento para la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que moderniza el marco legal vigente desde 2012.
Chiapas ha sido históricamente uno de los epicentros del desplazamiento forzado en México. Ante esta realidad, la nueva normativa enviada por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, el pasado 18 de marzo, busca adaptar la protección ciudadana a los retos actuales de seguridad y fenómenos naturales.
Entre los objetivos planteados, está el de una fiscalización rigurosa de los recursos, ya que ahora, por primera vez, se establecen mecanismos para sancionar a funcionarios que omitan sus responsabilidades ante una crisis de desplazamiento.
Y también se garantiza que los fondos destinados a la emergencia se ejecuten con transparencia y eficiencia.
Mientras que, para asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan, se ha establecido un padrón único de beneficiarios. La ayuda humanitaria será entregada directamente a las familias validadas por el Consejo Estatal de Atención Integral.
Asimismo, la legislación integra protocolos de “retorno asistido”. Bajo este esquema, la Secretaría General de Gobierno tendrá la obligación de coordinar operativos de seguridad que permitan a las familias recuperar sus tierras y hogares de manera digna.
En este contexto, la reforma traslada la responsabilidad directa a los ayuntamientos, que están obligados a implementar medidas de atención de emergencia de manera inmediata en cuanto se suscite el desplazamiento en su territorio.
Otro aspecto novedoso es el reconocimiento de que el desplazamiento no sólo es el resultado de la violencia, las nuevas disposiciones amplían el espectro de protección a víctimas de fenómenos naturales
