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Llega la CIDH a Chiapas

Ainer González / Diario de Chiapas
A cuatro años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitiera al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de habitantes del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, que se encuentran en conflicto, una delegación de esta comisión inició este lunes 11 de julio una visita en sitio para supervisar el cumplimiento de la solicitud, después de alertar que persisten factores de riesgo.
Los trabajos en sitio, encabezados por la comisionada y relatora para México y Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño; y la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi, pretenden concluir el viernes 15 de julio con el objetivo de constatar la aplicación de las medidas solicitadas para 22 comunidades tsotsiles de los municipios de Chenalhó y Aldama, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Asimismo, la Segob indicó que delegación sostendrá una reunión con personas integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de allegarse de información sobre posibles situaciones de riesgo en estas comunidades de Chiapas.
Al término de la visita, la dependencia señaló que el Estado mexicano estará atento a las opiniones y recomendaciones que emita la CIDH.
“Desde 2018, el Estado mexicano ha implementado medidas a fin de garantizar un incremento de seguridad en la zona, ha otorgado ayuda humanitaria y acceso a servicios de salud. De igual forma, desde 2017, representantes del Gobierno de México han mantenido reuniones con las personas beneficiarias y sus representantes, con el fin de asegurar tanto acciones de seguridad como mejoramiento de vivienda para un reasentamiento digno”, indicó.

RECLAMO SOCIAL
Por lo anterior, representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, informaron este conflicto empezó por la disputa de 60 hectáreas de tierra, que conforme a los años ha generado la migración de muchas personas por no poder trabajar en las parcelas, así como agresiones en el que han resultado heridos y muertos.
En este sentido, recordaron que el 23 de abril de 2021 la CIDH implementó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, en donde se solicita al Estado que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad física de las personas beneficiarias.
Sin embargo, los representantes de las comunidades de Aldama manifestaron que el Estado no ha cumplido con la recomendación de la CIDH, ya que continúan presentándose ataques armados que ponen en riesgo la vida de la población.
En este sentido, los pobladores demandaron el cumplimiento de las peticiones de los representantes de medidas cautelares, así como la libertad inmediata e incondicional a Cristóbal Sántiz Jiménez, activista del municipio de Aldama encarcelado, la cancelación de las ordenes de aprehensión en contra de comuneros, atención médica, psicológica, rehabilitación con el caso de los heridos de gravedad, indemnización para las personas heridas y muertas a partir del 8 de mayo de 2021 a la fecha e indemnización de los pobladores que han perdido sus cosechas.

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