Clama intervención del gobernador de Chiapas para que las empresas responsables cumplan con el pago de daños.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Verónica Jacqueline Ordoñez Roblero, víctima de un trágico accidente automovilístico en el año 2011, que la dejó con daños físicos y neurológicos permanentes, sigue esperando a que se le haga justicia.
A pesar de que hace dos años un juez de ejecución de sentencias ordenó el pago de una indemnización, debido a una serie de artimañas legales y la presunta obstaculización de un funcionario del actual gabinete estatal, no se ha cumplido con esta sentencia.
Este caso refleja el impacto social que la impunidad tiene en las vidas de las personas. En el momento del accidente, a sus 32 años, era madre de una niña de dos años y aspiraba a una vida profesional y familiar plena.
Hoy, 14 años después, su representante legal, Rosember Díaz, enfatiza que los daños no sólo son físicos, sino que también le han impedido vivir su maternidad a plenitud.
Las empresas obligadas a pagar la reparación del daño son Exclusivas en Tuxtla SA de CV, y Asesoría Comercial de Chiapas, SA de CV, ambas encargadas de la comercialización de la marca de cerveza Superior en Chiapas.
Sobre su caso, Verónica expresó su confianza en que la administración estatal tendrá la sensibilidad de atender su caso.
Sin embargo, su lucha se ha topado con un obstáculo inesperado: la supuesta intervención de un funcionario del gabinete, un hecho que, de confirmarse, representaría un serio conflicto de intereses.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, y pese a las dificultades que tiene para hablar, la víctima expresó: “Me aferro a la promesa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha dicho al pueblo de Chiapas que en su gobierno hay cero corrupción y cero impunidad.
Con el corazón en la mano, pido al gobernador que no permita que un funcionario de su gabinete, con claros conflictos de intereses, sea un obstáculo para mi justicia”.
