Debe reflejarse en la actuación de las autoridades estatales, de tal manera que las reformas no permanezcan únicamente en el ámbito legislativo, sino que se traduzcan en investigaciones oportunas, atención integral a las víctimas y un acceso efectivo a la justicia.
Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
La propuesta de reforma impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para homologar el delito de feminicidio en todo el país, establece penas de hasta 70 años de prisión, se crearán fiscalías especializadas y se hará un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad; la presente iniciativa fue recibida con expectativa por parte de familiares de víctimas, quienes consideran que su verdadero impacto dependerá de la aplicación efectiva de la ley y del fortalecimiento de las investigaciones.
Así lo expresó Adriana Gómez, madre de una víctima de feminicidio ocurrido en enero de 2020 en Tuxtla Gutiérrez, quien señaló que las modificaciones legales representan una oportunidad para mejorar la atención a los casos, siempre que las instituciones encargadas de procuración de justicia actúen con mayor eficacia y profesionalismo.
La madre consideró que uno de los principales retos continúa siendo la integración de las carpetas de investigación, pues aseguró que las familias enfrentan procesos prolongados y, en muchos casos, deben dar seguimiento constante a las investigaciones para evitar que permanezcan sin avances o concluyan sin sentencia.
Respecto a la propuesta de crear fiscalías especializadas en feminicidio, afirmó que podría significar un avance para las víctimas, siempre que estas instancias cuenten con personal capacitado y realicen investigaciones con perspectiva de género y apego a los protocolos establecidos.
Otro de los puntos que destacó fue la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio. Señaló que este mecanismo permitiría visibilizar a menores que enfrentan las consecuencias de estos delitos y facilitar el acceso a medidas de protección y apoyo institucional.
Finalmente, hizo un llamado para que la homologación del delito también se refleje en la actuación de las autoridades estatales, de manera que las reformas no permanezcan únicamente en el ámbito legislativo, sino que se traduzcan en investigaciones oportunas, atención integral a las víctimas y un acceso efectivo a la justicia.
