Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La campaña #PazSinArmas en la que trabajan 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la asociación civil Otros Mundos, instituciones académicas y otros actores sociales, tiene entre sus objetivos que se inicien las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos donde han hecho el uso de las armas de fuego.
También establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, que incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
De acuerdo con la campaña presentada este mes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe garantizar la identificación de los usuarios finales verdaderos, las empresas exportadoras y las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Sedena se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial.
Mientras que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos.
