La exdirectora forense de la ASF que investigó la Estafa Maestra, denuncia una persecución política tras ser acusada de desvío de recursos. La Unidad de Control revivió un expediente en su contra a meses de que termine el cargo del auditor David Colmenares.
Agencias
En abril último, a unos meses de arrancar la grilla por la sucesión de David Colmenares Páramo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados revivió un procedimiento administrativo contra Dora Muna Buchahin Abulhosn, quien dirigió el área forense que reallizó las investigaciones sobre la Estafa Maestra, y ha sido una de las voces más críticas sobre la gestión de Colmenares.
“Es una manipulación para quitarme del camino pensando que puedo acceder a la ASF, ya que este año el auditor tendría que acabar su encomienda”, sostiene Buchahin en entrevista.
“Esta fabricación de hechos es para desacreditar a todo el equipo auditor y decir que somos personas corruptas”, agrega la también autora del libro La casa sucia (Grijalbo, 2024), quien se dice víctima de una “persecución” y señala que la UEC revivió, siete años después de su salida de la ASF, los expedientes en su contra. “Se supone que ya lo tenían desde casi ocho años, es mucho tiempo para investigar algo tan sencillo, ¿no?”, suelta.
La acusación plantea que, siendo directora del área forense de la ASF, Buchahin obligó a su equipo a “realizar trabajos en favor de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (AEFC)”, de la que es vicepresidenta, entre octubre de 2013 y mayo de 2018, lo que representaría un “desvío de recursos humanos”, pero también materiales, dado que el expediente señala que lo hicieron con las computadoras o utilizando las impresoras de la ASF.
Buchahin rechaza todos los señalamientos. En su oficio de respuesta, Buchahin asevera que la acusación está basada en puras “inferencias”, sin pruebas que demuestren “el cómo, el cuándo y el dónde”, por hechos que ya prescribieron, pues tuvieron lugar hace más de siete años.
Su defensa plantea que la acusación está basada en “un par de correos electrónicos de los años 2014 y 2016, donde se les solicita realizar actividades de revisión” y en testimonios que incriminan a Buchahin, pero que fueron sacados mediante “coacción, presión institucional, intimidación laboral y ofrecimiento de beneficios (plazas, promociones)”.
Preguntada al respecto, la exfuncionaria sostiene que el expediente está basado en los testimonios de seis “becarios y jóvenes del servicio social”, quienes obtuvieron plazas después de declarar en su contra, y asevera que varios de ellos repiten “exactamente las mismas palabras”, una prueba según ella del “efecto corruptor” que caracteriza el caso.
La acusación señala que la AEFC proporcionó cursos al personal de la ASF relativos a la prevención y detención del fraude; en respuesta, el equipo de Buchahin plantea que los integrantes de su equipo que trabajaron en ocasiones para la asociación lo hicieron fuera de sus horarios laborales, sin dejar de realizar sus actividades en la ASF.
Buchahin asegura que, en un principio, el expediente la acusaba de haber ordenado la contratación de su asociación, pero “la eliminaron porque no encontraron nada, y todo esto que fabricaron de inicio, no pudieron sostenerlo”; aclaró que hubo personal de la ASF que tomó cursos de capacitación, impulsados por el área correspondiente, mas no la suya.
Explica que, en un informe de investigación paralelo, un área interna determinó que la mujer consideró como desvíos las horas que pasó dando algunos seminarios, por lo que calculó el daño económico en 60 mil pesos, por los días hábiles pagados. “Dicen que yo no tenía permiso para impartir prácticas a las entidades de fiscalización”, deplora.
“Tal como consta en este expediente, la intensión persecutoria resulta evidente. Se tardaron siete años en construir una imputación sin sustento jurídico, sin prueba plena y sin evidencias que resistieran el más mínimo escrutinio técnico”, afirma en su escrito de respuesta.
“Persecución institucional”
El mismo documento sostiene que los procedimientos derivan de “motivos políticos y de persecución institucional”, productos de sus investigaciones sobre la Estafa Maestra que “afectaron intereses políticos y administrativos de alta senstibilidad”.
Titular de la Dirección General de Auditoría Forense entre 2010 y 2018, Buchahin encabezó las auditorías a universidades estatales que revelaron los esquemas de desvíos multimillonarios orquestados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, también conocidos como Estafa Maestra.
Aunque causaron una fuerte indignación pública –pues parte del dinero desviado estaba destinado a los más pobres–, los casos permanecieron impunes: la Fiscalía General de la República (FGR) no imputó a los altos funcionarios que dirigían las dependencias responsables de los esquemas de desvíos, ni determinó el destino de los miles de millones de pesos que se esfumaron en empresas fantasma.
La FGR se limitó en actuar contra funcionarios de segundo o tercer nivel y contra Rosario Robles Berlanga, otrora titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien estuvo tres años en el penal de Santa Martha Acatitla y salió libre sin enfrentar nunca un proceso judicial por ese tema.
En cambio, el equipo que reveló los casos enfrenta problemas: Muna Dora Buchahin y cinco de sus colaboradores son blancos del procedimiento administrativo en la UEC. Ella enfrenta, además, una carpeta en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, y tiene otro expediente abierto en la Procuraduría Fiscal.
Buchahin afirma que, antes de su despido de la ASF, ella y su equipo estaban realizando una auditoría forense con relación al manejo y el traslado de más de mil 500 millones de pesos desviados a través de los esquemas de simulación de servicios.
“Casualmente jamás volvieron a hacer esa revisión y la dejaron inconclusa; eso es un hecho gravísimo porque significa que fueron cómplices y encubridores”.
Audiencia
El 12 de agosto último, Buchahin fue citada a comparecer ante la UEC de la ASF, en la Cámara de Diputados, para responder a las acusaciones por cometer una presunta “falta administrativa grave”.
Durante la audiencia, a la que acudió Proceso, Buchahin y su abogado objetaron “todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora”, las cuales “fueron obtenidas de manera ilícita” y sin una “cadena de custodia que permita a la fecha determinar la fiabilidad de los instrumentos”.
