Mujeres afectadas por el Cártel Inmobiliario aseguran que mientras no exista una postura institucional clara, el caso seguirá representando una grave señal de bloqueo
Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
La falta de información oficial sobre el paradero de Erick Romero Peimbert mantiene en incertidumbre a víctimas del llamado Cártel Inmobiliario en Chiapas, quienes denuncian presuntas irregularidades dentro del Centro Penitenciario “El Canelo” y advierten que sus procesos judiciales están en riesgo.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera formal dónde se encuentra Romero Peimbert, señalado por los afectados como uno de los operadores del esquema que los dejó sin su patrimonio. La ausencia de datos claros ha generado temor, desconfianza y una sensación de abandono institucional.
A través de una serie de vídeos difundidos en redes sociales, las víctimas han hecho un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, calificando la situación como una emergencia. “Señor gobernador, se desconoce el paradero de Erick Romero, no hay ningún dato oficial de parte del director del reclusorio El Canelo”, expresa uno de los mensajes.
De acuerdo con los testimonios, se habría autorizado la salida de Erick Romero del penal para ser trasladado a un hospital privado, bajo el argumento de una intervención quirúrgica. Sin embargo, dicha versión fue desmentida posteriormente por la propia clínica, lo que incrementó las dudas sobre el destino real del imputado.
Durante una audiencia judicial realizada el 30 de enero, se afirmó que Romero ya había sido llevado al hospital; no obstante, no existen registros médicos ni penitenciarios que respalden esa afirmación. Desde entonces, su paradero es desconocido.
“No estamos en contra de la salud, pero sí del buen procedimiento”, señaló Rosario Gómez, víctima del caso, quien denunció que la falta de información ha debilitado su proceso penal. “Hoy mi proceso está en grave riesgo, estamos siendo revictimizados y tengo temor fundado por mi proceso”, agregó.
Las víctimas también acusan que dentro del penal El Canelo existen privilegios indebidos para los presuntos responsables, lo que estaría obstaculizando el acceso a la justicia. En ese contexto, señalan al director del centro penitenciario, Francisco Javier San Martín, por presuntamente permitir retrasos, ausencias injustificadas y decisiones poco claras.
“Los líderes de este cártel están en el centro de rehabilitación social número uno, pero gozan de privilegios que impiden que la justicia avance”, denunció Miguel Ángel Vázquez, otro de los afectados.
Detrás del caso hay historias de pérdida patrimonial, enfermedad y desgaste emocional. María Eugenia Salcedo, una de las víctimas, expuso públicamente su situación personal: “Estoy enferma, en tratamiento médico, sin patrimonio, y aun así tengo que seguir pidiendo justicia”, expresó.
Otros testimonios apelan directamente a la sociedad para visibilizar el problema.
“Comunidad, por favor ayúdanos a recuperar nuestro patrimonio”, se escucha en uno de los mensajes difundidos”.
Las víctimas coinciden en que el silencio oficial no solo genera incertidumbre, sino que las deja en un estado de vulnerabilidad constante. La exigencia es clara: saber dónde está Erick Romero Peimbert, bajo qué condiciones se autorizó su salida del penal y qué medidas tomará la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para esclarecer los hechos.
Mientras no exista una postura institucional clara, el caso seguirá representando una grave señal de bloqueo, presunta corrupción y falta de garantías para las víctimas.
