Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Entre 145 y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en el país y de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Chiapas se encuentra entre las siete entidades con mayor vulnerabilidad.
El estudio ‘Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México’, señala que en todas las entidades federativas existen menores en riesgo, pero sobresale que solo el 55% de esta población se concentra en siete estados: Estado de México el 9.7%, Jalisco 8.6%, Chiapas 8.1%, Puebla 7.8%, Guanajuato 7.3%, Veracruz 7.2% y Michoacán 6.5%.
El estudio destaca que en abril de 2021 se creó el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada, sin embargo, las instituciones del Estado mexicano aún carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos.
Además, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) persiste una omisión de políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de menores de edad, como medida de prevención.
Ante esta problemática, tanto el Observatorio Nacional Ciudadano como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recomiendan a las Fiscalías diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a la niñez y adolescencia en actividades delictivas.
“Se propone la creación de una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes considerando el ejercicio de Parlamento Abierto”.
Además de procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial proveniente de las instituciones del Estado para identificar el número de menores en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y así generar un diagnóstico más preciso de este fenómeno.
Para que el trabajo institucional tenga congruencia, también recomiendan diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de menores que no asisten a la escuela o no están protegidos sus derechos; que se encuentren en el mercado laboral o en alguna situación conyugal distinta a solteros.
Señalan de gran importancia “considerar las implicaciones que la pandemia por COVID-19 tiene sobre este fenómeno, pues se ha incrementado la participación laboral de niñas, niños y adolescentes en las actividades económicas, legales e ilegales, como consecuencia de la crisis económica”.
