- Primer caso evidencia aplicación de ley contra la cohabitación forzada en Chiapas: diputada Rosalinda López Sánchez
Janet Hernández / Diario de Chiapas
La diputada Rosalinda López Sánchez, afirmó que la aprobación de la ley que sanciona la cohabitación forzada representa un acto de justicia para las mujeres indígenas que durante siglos han sufrido exclusión, violencia y han sido obligadas desde niñas a cohabitar con sus agresores, así como a contraer matrimonio y procrear hijos desde los 12 años de edad.
La legisladora señaló que la aprobación de esta reforma por parte del Congreso del Estado y su aplicación por la Fiscalía General del Estado sientan un precedente histórico en la entidad, al combatir una práctica en la que menores de edad eran obligadas a vivir con personas adultas con el consentimiento de sus propios padres.
López Sánchez, destacó que la detención de Andrés “N”, en el municipio de San Andrés Larráinzar, marca un antes y un después en la lucha por la igualdad y el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sostuvo que este caso abre la posibilidad de que madres o padres de familia que lucren con estas prácticas, bajo el argumento de usos y costumbres, también sean llevados ante la justicia.
La diputada reiteró que en algunas comunidades indígenas aún persisten la venta o el intercambio de menores de edad, por lo que confió en que la iniciativa que impulsó desde el Congreso contribuya a erradicar por completo estas conductas.
“Desde que llegué como diputada al Congreso de Chiapas tuve una sola visión: trabajar y legislar a favor de las niñas y los niños, así como proponer mejores leyes para proteger a las mujeres indígenas que diariamente son violentadas en las comunidades más apartadas del estado. Hoy, con el castigo al delito de cohabitación forzada, mandamos un fuerte mensaje a los violentadores: no más abusos escudados en los usos y costumbres”, expresó.
Finalmente, agradeció el respaldo de las y los legisladores que apoyaron la iniciativa, así como a la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, por aplicar la ley. Asimismo, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la protección de los sectores más vulnerables de la entidad.
