- La diputada local panista, Jovannie Ibarra Gallardo, calificó como preocupante que el discurso del gobierno federal insista en matizar y suavizar la gravedad de esta situación, especialmente cuando los indicadores oficiales reflejan un incremento
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La diputada local panista, Jovannie Ibarra Gallardo, calificó como preocupante que el discurso del gobierno federal insista en matizar y suavizar la gravedad de las desapariciones de personas, especialmente cuando los indicadores oficiales reflejan un incremento constante año con año.
La legisladora subrayó que, si bien es fundamental agilizar los procesos y mecanismos de búsqueda de las víctimas, estos esfuerzos resultan insuficientes si no se acompañan de estrategias integrales y efectivas orientadas a la prevención de la desaparición forzada.
De acuerdo con la diputada, este fenómeno delictivo golpea de manera cada vez más severa al sector de la población joven, consolidando a las mujeres como uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Ibarra Gallardo advirtió que la diversidad de los perfiles de las víctimas evidencia la descomposición de la seguridad pública en todo el territorio nacional.
Actualmente, el fenómeno abarca de manera visible a personas migrantes, integrantes de la comunidad trans, menores de edad y mujeres, lo que demuestra que ninguna región ni grupo social queda exento de esta alarmante realidad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y los reportes gubernamentales de la Secretaría de Gobernación, la cifra oficial de personas que continúan desaparecidas está entre los 130 y 134 mil casos registrados desde 2006 a la fecha.
Mientras que organismos civiles de derechos humanos, como la Red Lupa, reportan que la desaparición de personas ha mantenido un crecimiento promedio sostenido cercano al 7.6 por ciento anual en los últimos años.
Además, las autoridades federales admiten que una gran parte de los reportes históricos carecen de carpetas de investigación formalizadas, lo que entorpece el acceso a la justicia para los familiares.
Los diagnósticos de colectivos de búsqueda y agencias internacionales confirman el cambio en la dinámica del delito apuntado por la diputada: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado afecta prioritariamente a jóvenes, mientras que la violencia de género e institucional incrementa el riesgo para mujeres, menores y poblaciones en tránsito como los migrantes.
