Yuridia Montenegro/ Edén Gómez / Diario de Chiapas
A través de artimañas legales, una jueza federal está a punto de liberar a Viviana Zuarth, miembro del infame Cártel Inmobiliario, quien se encuentra en prisión preventiva en El Amate, acusada de un fraude millonario. La sentencia emitida por la jueza Gabriela López de los Santos, tramitada de forma expedita y con un total desprecio por las víctimas, pone en riesgo la justicia para cientos de afectados por este mega fraude.
María del Rosario Gómez Flores, quien perdió más de 25 millones de pesos en el fraccionamiento Ámbar, ha luchado durante más de 14 años para obtener justicia. Sin embargo, ha sido testigo de cómo los responsables de este fraude siguen impunes, en gran parte debido a sobornos y prácticas corruptas que han socavado todo el proceso judicial.
“Está recluida (Viviana) por prisión preventiva oficiosa porque estaban entorpeciendo el debido proceso para acceder a la justicia, en este caso mi mamá era la víctima, era una persona de la tercera edad a la que le arrebataron su patrimonio, un trabajo de mucho esfuerzo, arrebatado por Erick Romero Peimbert, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Viviana Zuarth”, narró María del Rosario a Diario TV Multimedia.
Hace más de dos años, se hizo de conocimiento público la existencia del Cartel Inmobiliario de Chiapas, encabezado por Erick Romero Peimbert y Gustavo Adolfo Flores Alfaro, ambos prófugos de la justicia, y la esposa de Gustavo, Viviana Zuarth, así como el abogado, Antonio Flores alias “La Sardina”.
Aunque Viviana fue detenida en mayo de este año como medida cautelar, la jueza federal sentenció, el 29 de noviembre, resolver su caso sin respetar los derechos de las víctimas. Con argumentos falsos, como el de tener un hijo con discapacidad, pretende liberarla este 3 de diciembre. Una jugada que solo podría lograrse mediante prácticas corruptas.
“Nos dejan en total indefensión porque la sentencia fue dictada el viernes y ni siquiera esperaron a que quedara firme, no fuimos notificados, solo al juzgado de control, prácticamente nos amordazaron”, dijo Gómez Flores.
Confían en que ERA hará justicia
Desde hace más de dos años, se dio a conocer de la existencia de un Cartel Inmobiliario en Chiapas, el cual es catalogada como una red de corrupción que ha socavado los principios de equidad y derecho en el estado, este encabezado por Erick Romero Peimbert y Gustavo Adolfo Flores Alfaro, tema que sigue pendiente de resolver, ambos líderes del grupo se mantienen prófugos de la justicia, y la impunidad con la que actúan demuestra un poder desmedido que desafía a las autoridades locales.
De acuerdo a denuncias de las propias víctimas, hasta la fecha más de 100 familias han sido afectadas de manera directa; hasta el momento no se ha hecho justicia, aseguran que aún enfrentan a la falta de acceso a un sistema judicial que parece más inclinado a proteger a los delincuentes de cuello blanco que a defender a los ciudadanos.
Asimismo, aseguran que la corrupción que existe en el Poder Judicial de Chiapas, se ha convertido en un obstáculo insuperable, alejando a la población de la certeza de que se hará justicia.
Esta situación se ha vuelto muy compleja pues las víctimas están a punto de perder sus viviendas y sus patrimonios; además, enfrentan la dura realidad de un proceso donde la balanza de la justicia está descompensada a favor de los poderosos.
Los ciudadanos exigen un cambio inmediato, por lo que piden al gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, que siente las bases para erradicar la corrupción y restablecer la confianza en el sistema judicial de Chiapas.
La voz de los ciudadanos es clara: Eduardo Ramírez Aguilar, usted es la última esperanza de Chiapas. Le pedimos ejercer mano dura contra el Cartel Inmobiliario de Chiapas, para que al fin se garantice el acceso a la justicia y se restablezca la fe en el estado de derecho. La historia de Chiapas está en sus manos; es momento de actuar y marcar la diferencia.
