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Permanente tortura en AL

“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos”, dice el estudio donde colaboró el Frayba.

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina, por un contexto político y social ‘convulso’, viola los derechos y propicia victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
El estudio “… ¡Pues es tortura!” promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (México), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.
En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos, en detrimento de sus derechos fundamentales.
La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, por mencionar algunas.
“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto mas allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito políticoorganizativo de los pueblos y comunidades”.
Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.
En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018.
Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y en base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.

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