- Integrantes de la REDACH junto con representantes de comunidades y escuelas de la entidad, exigieron al Congreso del Estado que la armonización de dicha iniciativa
Karla García / Diario de Chiapas
Integrantes de la Red Defensora del Agua de Chiapas (REDACH), junto con representantes de comunidades y escuelas de la entidad, exigieron al Congreso del Estado que la armonización de la Ley de Aguas de Chiapas se realice mediante un proceso abierto, transparente y con participación efectiva de la sociedad.
Durante un encuentro con medios de comunicación, los integrantes de la red presentaron un posicionamiento público en el que demandaron que la actualización del marco legal incorpore un enfoque de derechos humanos y reconozca de manera efectiva la gestión comunitaria y escolar del agua, no solo en el discurso, sino con reglas claras, apoyo técnico y presupuesto suficiente.
Entre las principales exigencias, solicitaron al Poder Legislativo establecer una ruta pública, abierta y verificable para la armonización de la ley, así como evitar procesos acelerados o “a puerta cerrada”, como ha ocurrido en reformas anteriores.
Eusebio Pérez, presidente de la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Chenalhó (APAMCH) y vocero de la REDACH, señaló que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al agua.
“Exigimos que se cumpla lo establecido en el artículo 4º de la Constitución y que se reconozcan de manera efectiva los sistemas comunitarios de agua, tal como lo establece la nueva Ley General de Aguas”, expresó.
Desde el ámbito educativo, Alicia Domínguez, estudiante de la Secundaria Técnica 66 de San Cristóbal de Las Casas, alzó la voz en representación de escuelas organizadas, al exigir condiciones dignas de acceso al agua, higiene y saneamiento en los planteles.
“Necesitamos infraestructura suficiente y adaptada a nuestra realidad, que tome en cuenta a las infancias, a las familias y a las comunidades, y que exista transparencia hacia la población”, afirmó.
Por su parte, Cyntia Reyes, directora general de la asociación civil Cántaro Azul, expuso el preocupante contexto de acceso al agua y al saneamiento en Chiapas, particularmente en comunidades rurales, donde habita más del 50 por ciento de la población del estado. Subrayó que el reconocimiento a la gestión comunitaria y escolar debe traducirse en normatividad clara, presupuesto, acompañamiento técnico y participación en la toma de decisiones.
En el contexto legislativo, recordó que el pasado 11 de diciembre de 2025 se publicó la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, lo que abrió un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen sus leyes locales. Entre los aspectos relevantes de esta reforma se encuentra el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y la captación de agua de lluvia.
Para finalizar, las organizaciones y comunidades señalaron que existe disposición y conocimiento territorial para colaborar activamente en el proceso de armonización, por lo que insistieron en la necesidad de realizar mesas de trabajo intersectoriales, foros públicos y parlamentos abiertos que permitan una participación informada de la ciudadanía, al tratarse de un tema que impacta directamente a toda la población.
