Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, exige al Estado mexicano, garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto para el trabajo de defensores de derechos humanos en la frontera de Chiapas con Guatemala.
En las labores de acompañamiento que realizan como colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, se repite el hostigamiento constante por parte del Instituto Nacional de Migración, agentes privados y Guardia Nacional.
Agregan que bloquear la labor, violenta sus derechos a defender los derechos humanos
y niega el derecho de las personas a recibir asistencia humanitaria y orientación.
Ante las denuncias hechas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó el 3 de mayo al INM y otras autoridades involucradas, brindar facilidades y condiciones necesarias para los defensores en la frontera sur. Sin embargo, las medidas tienen vigencia de 30 días.
“Hay una necesidad de poder poner un ojo en lo que está pasando en la defensa de los derechos humanos y el poco diálogo que se tiene para poner las líneas para fortalecer rutas y garantías que deben existir y poder garantizar los derechos”, dijo Brenda Ochoa del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula.
Aunque tuvieron respuesta de la CNDH con las medidas cautelares y el INM dijo que va a ofrecer el acompañamiento de las sociedad civil, las organizaciones no han podido conseguir una reunión con la delegación migratoria.
“No hay esta voluntad de podernos sentar y poder dialogar y poder dar cuenta a las propias autoridades de lo que están pasando, a quienes toman las decisiones y con quienes tal vez se puede interlocutar. Es un paso pendiente de dar”.
Esta situación persiste frente al aumento del desplazamiento forzado como consecuencia de diversas violencias estructurales como lo son la pobreza, la desigualdad, corrupción, crisis económicas, desastres naturales, “nuestra labor de promoción y defensa de los DDHH se hace urgente y necesaria”. Exigieron al Estado mexicano, también, un alto a los discursos que estigmatizan y criminalizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
