- Lanza un llamado contundente: los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes no deben ventilarse públicamente, ya que hacerlo pone en riesgo su integridad y vulnera derechos fundamentales protegidos por la ley
Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
En Chiapas, donde el uso de redes sociales se ha convertido en un canal frecuente para denunciar conflictos familiares y legales, el Poder Judicial del Estado lanzó un llamado contundente: los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes no deben ventilarse públicamente, ya que hacerlo pone en riesgo su integridad y vulnera derechos fundamentales protegidos por la ley.
La postura cobra relevancia en un contexto estatal marcado por alta vulnerabilidad social, comunidades con acceso limitado a acompañamiento jurídico y una creciente tendencia a recurrir al ámbito mediático ante la desconfianza o desconocimiento de los procesos legales. Frente a ello, el Poder Judicial subraya que la protección de la infancia está por encima de cualquier presión pública o narrativa digital.
La institución recordó que, en Chiapas, los asuntos familiares y penales donde hay menores requieren un tratamiento especializado, con medidas diferenciadas y confidenciales que eviten daños emocionales y estigmatización social, particularmente en comunidades pequeñas donde la exposición pública puede tener consecuencias permanentes.
En este sentido, la autoridad judicial enfatiza que difundir imágenes, videos o datos de menores no solo es una falta ética, sino una infracción legal, que puede generar consecuencias para quienes participen en esa difusión, incluidos familiares, ciudadanos o medios de comunicación. En un estado con fuertes lazos comunitarios, esta práctica puede agravar la revictimización de niñas y niños.
El Poder Judicial también aclaró que el silencio institucional ante casos en trámite no significa omisión, sino una obligación legal para garantizar procesos imparciales y resoluciones basadas en pruebas, no en juicios mediáticos. Las decisiones judiciales, subrayó, se construyen con elementos técnicos, peritajes especializados y la intervención de instancias como el DIF y áreas de protección infantil.
Además, destacó que Chiapas cuenta con mecanismos legales para proteger a la niñez en riesgo, incluyendo medidas cautelares, resguardo temporal y acompañamiento psicológico y social, las cuales pueden ajustarse conforme evoluciona cada caso.
El llamado es directo a la sociedad chiapaneca: la defensa de la niñez no se logra exponiéndola, sino utilizando las vías legales existentes. El Poder Judicial reafirma que su responsabilidad es impartir justicia con enfoque humanista, priorizando siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes en un estado donde su protección sigue siendo un reto estructural.
