Nueva Ley de Aguas debe reconocer a quienes ya sostienen el agua en los territorios
Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
En el marco del proceso de construcción de una nueva Ley de Aguas para Chiapas, la alianza Aguas Comunes hace un llamado al Congreso local y a las autoridades estatales para que la futura legislación reconozca, respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua como pilar en la garantía del derecho humano al agua y saneamiento.
El actual proceso legislativo representa una oportunidad para que Chiapas avance hacia una política hídrica más justa, incluyente y cercana a las realidades comunitarias. Para lograrlo es fundamental que la nueva ley reconozca y fortalezca la práctica histórica que realizan comunidades, comités, patronatos, juntas y asambleas locales que, sin fi nes de lucro, han sostenido el acceso al agua ante las carencias institucionales.
En cientos de comunidades rurales e indígenas, las familias no sólo enfrentan problemas de acceso al agua, sino también de disponibilidad, calidad, operación, mantenimiento y protección de fuentes. Frente a estos desafíos, las comunidades se han organizado durante generaciones para administrar, distribuir, cuidar y sostener sus sistemas.
Debe prevalecer la corresponsabilidad; plantean cinco puntos
La Alianza Aguas Comunes plantea que este trabajo debe ser reconocido de manera efectiva en la nueva legislación estatal. No se trata de sustituir la responsabilidad pública, sino de construir una relación de corresponsabilidad donde las comunidades organizadas conserven autonomía, los municipios trabajen coordinadamente y la CEAS funcione como eje de una política hídrica integral.
Desde la experiencia colectiva y territorial, se plantea que la nueva Ley de Aguas de Chiapas debe incorporar cinco puntos mínimos:
-Primero: Reconocer y respetar la autogestión comunitaria, incluyendo la autonomía, las formas organizativas y los sistemas normativos propios con los que las comunidades han gestionado el agua.
-Segundo: Establecer corresponsabilidad entre Estado y comunidades, evitando que el reconocimiento comunitario se traduzca en cargas desproporcionadas o en traslado de obligaciones públicas.
-Tercero: garantizar asistencia técnica y recursos para fortalecer capacidades comunitarias, municipales y estatales en agua, saneamiento, calidad del agua, operación, mantenimiento y protección de fuentes.
-Cuarto: crear o fortalecer instituciones municipales para la colaboración pública-comunitaria, de manera que los municipios cuenten con mecanismos permanentes para escuchar, acompañar y coordinarse con comités, patronatos y sistemas comunitarios.
-Quinto: Establecer un registro simple, gratuito y declarativo de los sistemas comunitarios de agua, que sirva para reconocer, acompañar y fortalecer, no para imponer trámites que desconozcan la realidad comunitaria.
La gestión comunitaria del agua es una base viva sobre la cual puede construirse una política hídrica más justa y efectiva para Chiapas. Por ello, La Alianza Aguas Comunes invita a la participación activa en el proceso legislativo a organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios y academia para aportar propuestas, evidencia territorial y experiencias comunitarias que contribuyan a una Ley de Aguas con enfoque de derechos humanos, justicia hídrica, interculturalidad, equidad y corresponsabilidad.
Acerca de la Alianza Aguas Comunes
Somos la Alianza Aguas Comunes, integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en territorios rurales e indígenas de México. Nuestro propósito es valorar, acompañar y fortalecer la gestión comunitaria del agua y el saneamiento (AyS): una forma de organización en la que las propias comunidades operan y administran sus sistemas de agua potable y saneamiento, garantizando el derecho humano al agua en territorios donde el Estado no ha logrado hacerlo.
Gracias al trabajo conjunto, hemos mejorado el acceso a servicios de agua y saneamiento para más de 120,000 personas en 321 comunidades de 7 estados del sureste de México. Estamos convencidas de que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser protegido.
