Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El diputado local José Ángel Del Valle Molina, presidente de la Comisión de Economía, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la 69 Legislatura, advirtió que es impostergable robustecer los marcos legales estatales para alcanzar pagos justos en el sector cafetalero.
El legislador consideró que se requiere un andamiaje normativo integral que garantice que el café chiapaneco reciba un pago justo por todo lo que implica su complejo proceso, desde la siembra hasta la comercialización final.
En sintonía con esta postura, la presidenta de la Comisión del Café, la diputada Maritza Molina Molina, presentó ante el Pleno la iniciativa para declarar formalmente el 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco.
La legisladora puntualizó que la propuesta, cuya fecha coincide con el arranque oficial del ciclo de cosecha en la entidad, busca trascender el festejo folclórico y posicionarse como un llamado de atención social y político.
“La iniciativa es para reconocer a todos los productores, también queremos que haya más consumo local, mejorar el precio, y los chiapanecos somos los primeros que debemos estar orgullosos de lo que producimos y ser nosotros quienes hagamos un pago justo del aromático”, enfatizó la diputada local.
Molina Molina apuntó que este día oficial funcionará como un recordatorio permanente de la gigantesca aportación identitaria, económica y social que el campo chiapaneco brinda a México, persiguiendo que dicho reconocimiento derive en una verdadera justicia social que se refleje directamente en el bolsillo de los productores.
Chiapas se mantiene firme como el principal productor de café en México, aportando el 41 por ciento del grano nacional, y el líder indiscutible en la variante orgánica, con una producción anual que supera las 321 mil toneladas gracias al sustento diario de más de 180 mil productoras y productores distribuidos en 87 municipios y 13 regiones activas.
Sin embargo, el sector enfrenta una marcada dualidad. En regiones como la Frailesca, el impulso al consumo local y las ferias comerciales de taza limpia han permitido que el kilogramo de café procesado alcance cotizaciones históricas locales de entre 340 y 380 pesos, rozando incluso los 400 pesos en barras de especialidad.
A pesar de que México ha roto récords de divisas por exportación del grano, los pequeños productores que dependen de intermediarios locales reciben pagos que oscilan entre apenas 45 y 48 pesos por kilo, una cifra alarmante frente a un costo de producción estimado en un mínimo de 70 pesos por kilogramo, provocado por las secuelas del cambio climático y el embate de plagas como la roya.
Especialistas del sector señalan que en la cadena comercial tradicional el caficultor de finca apenas logra retener entre el cinco y el 10 por ciento del valor total que un consumidor final desembolsa en barra.
Por ello, la propuesta parlamentaria busca romper este desequilibrio fomentando el orgullo de origen y estimulando un mercado estatal consciente que pague el valor real del trabajo agrícola.
