Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó este viernes una visita a México, en la cual se reunió con defensores de los derechos humanos en Chiapas.
Este grupo adelantó que se presentarán observaciones preliminares de esta problemática en el país, particularmente preocupados por un “aumento sistemático” de las detenciones arbitrarias.
Sobre este encuentro, Roberto Cruz, coordinador de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (Cecocise) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que hicieron saber a este grupo de trabajo las denuncias que se están presentando en Chiapas y en otros puntos del país, ante una creciente sensación de inseguridad, y detenciones fuera de la ley que han ocurrido en la entidad, en la Ciudad de México y en el Estado de México, sólo por mencionar algunos casos.
Uno de los puntos analizados respecto al estado, agregó, es que preocupa que haya “un patrón sistemático en el que diversas autoridades se articulan para crear montajes en los que inculpan delitos a personas inocentes por lo que son sujetas a procesos de detención arbitraria por parte de agentes ministeriales”.
Otros de los aspectos destacables de este encuentro, es la petición de realizar un mayor seguimiento e incidencia para el pleno cumpliminiento de sus recomendaciones; dar seguimiento a la denuncia individual sobre la detención arbitraria de defensores comunitarios de derechos humanos y exigir al Estado mexicano la aplicación de medidas de no repetición con relación a este patrón.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), han señalado que la fabricación de culpables es una práctica arrastrada desde el anterior sistema penal inquisitivo que ha logrado adaptarse a las reglas del actual sistema adversarial, consolidado en Chiapas a partir del año 2016.
“Entre las causas estructurales de dicho patrón se encuentra una política punitiva demagógica promovida por el Estado, es decir un discurso político que legitima el uso excesivo del sistema penal y de sus malas prácticas, para el cual es necesario alimentar las cifras de personas detenidas y procesadas penalmente. Como segundo factor se observa la falta de capacidades científicas que lleva a una sustitución de la investigación por esta práctica de simulación. En tercer lugar, se identifica que las detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, y tortura son prácticas institucionalizadas por operadores del sistema de investigación que transitaron del anterior al actual sistema penal, llevando a la transmisión de una cultura y prácticas que legitiman esta práctica”.
En Chiapas, y otros estados del sur de México como Oaxaca y Guerrero, esta práctica afecta especialmente a la población indigena, sujeta a discriminación estructural. De acuerdo a datos oficiales Chiapas y Oaxaca concentran el 45 por ciento del total de la población indígena del país, y como resultado, las cárceles de Chiapas y México se encuentran llenas de personas sin sentencia.
Una situación que afecta especialmente a las poblaciones indígenas, porque en la entidad la población indígena privada de libertad sin sentencia representa el 52.4 por ciento de la población encarcelada, cifra superior a la general nacional.
