- A través de un desplegado, las bancadas de los grupos legislativos del PRI en los congresos locales y estatales, manifestaron preocupación ante los embates y contradicciones de la Reforma Electoral
Agencias
México.- México vive un momento decisivo para su democracia. La reforma electoral impulsada por el gobierno de Morena constituye un intento deliberado de concentrar el poder, someter a las instituciones electorales y debilitar a la oposición política.
A lo largo del siglo XX, el reformismo legislativo en materia electoral promovido por el PRI fue un factor clave para la apertura, la pluralidad y la democratización gradual del régimen político mexicano.
Desde la ampliación de la representación política y el reconocimiento legal de la oposición, hasta la creación de instituciones electorales autónomas y reglas más equitativas de competencia, las reformas impulsadas por el PRI respondieron siempre a la convicción de que la estabilidad democrática solo puede sostenerse mediante la inclusión, el pluralismo y el fortalecimiento de la legalidad electoral.
Durante décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido garantía de elecciones libres, competitivas y confiables. Gracias a su autonomía, México logró transitar de un sistema cerrado a una democracia plural.
Cuando un gobierno pretende someter al árbitro electoral, lo que realmente busca es controlar las elecciones e imponer su voluntad sin contrapesos.
La reforma electoral de Morena, conocida como la “Ley Maduro”, pretende alterar las reglas democráticas para garantizar la permanencia de un solo partido en el poder, ignorando las advertencias y preocupaciones expresadas en medios de comunicación y en diversos espacios de diálogo por especialistas, académicos, representantes de la iniciativa privada, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, esta reforma representa un riesgo directo para la relación de México con Estados Unidos y sus aliados comerciales, al evidenciar un retroceso democrático que debilita la confianza en nuestras instituciones.
Conducir al país por una deriva autoritaria envía al mundo una señal de inestabilidad e incertidumbre que afecta inversiones, acuerdos comerciales y la credibilidad internacional de México. Ninguna nación puede ser un socio estratégico confiable mientras erosiona las reglas democráticas que dan certeza política y económica.
La historia demuestra que las democracias no mueren de un día para otro: se erosionan cuando los gobiernos debilitan a los árbitros electorales, reducen el pluralismo político y convierten las elecciones en instrumentos del poder. Eso es exactamente lo que hoy pretende la reforma electoral de Morena.
El mensaje es claro: Morena no tolera el disenso, no acepta la diversidad política y no quiere contrapesos. Su objetivo es avanzar hacia un régimen autoritario, similar al de Venezuela bajo Nicolás Maduro o al de Nicaragua bajo Daniel Ortega, donde la oposición es marginada, las instituciones son subordinadas y el poder se concentra en una sola facción política.
México no puede ni debe recorrer ese camino. Las diputadas, diputados, senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional afirmamos con claridad que la democracia no es propiedad de ningún partido ni de ningún gobierno. La democracia pertenece a la ciudadanía, y defenderla es nuestro deber y nuestra responsabilidad histórica.
En el PRI el respeto a la libertad de expresión es un pilar irrenunciable de la democracia constitucional. Cuando desde el poder público se pretende acallar voces críticas o inhibir la participación ciudadana, no solo se vulnera un derecho fundamental, sino que se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el régimen democrático.
Ningún gobierno puede asumirse democrático si utiliza al Estado como instrumento de censura.
Por eso resulta particularmente grave que en entidades federativas gobernadas por Morena, como Campeche, Puebla, Baja California y Veracruz, se hayan documentado estrategias orientadas a intimidar, perseguir, encarcelar o censurar a medios de comunicación, desde el encarcelamiento de periodistas, hasta reformas legales que buscan institucionalizar la censura, estas acciones no son hechos aislados, sino señales preocupantes de un patrón de intolerancia frente a la crítica.
