Marco Alvarado/Diario de Chiapas
En ocho de cada 10 Centros de Readaptación Social que hay en el país no se ofrecen las condiciones para la reintegración laboral de los reclusos, de acuerdo con la recomendación general 44/2021 emitida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según el organismo defensor, la mayoría de las cárceles tiene insuficiencia de programas laborales y hay desigualdad en las actividades laborales dirigidas a las mujeres.
A partir de diversas solicitudes de información dirigidas a los Sistemas Penitenciarios estatales, esta comisión advirtió que a nivel nacional, 18 mil 635 personas privadas de la libertad reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo realizado; de ellas, 17 mil 362 son hombres y mil 273 son mujeres; mientras que 43 mil 930 no perciben un salario y más de 93 mil ejercen en autoempleo al interior de las cárceles en labores de tejido, carpintería, talabartería, elaboración de artesanías, dibujo, pintura, bisutería, lavandería, limpieza de calzado, corte de cabello y elaboración de alimentos, entre otras.
Además, en la mayoría de las entidades federativas las personas privadas de la libertad que laboran para terceros, o bien, al interior del centro y que perciben algún salario, no cuentan con ninguna prestación.
En lo que se refiere a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, la comisión encontró que solo 140 mujeres privadas de la libertad gozan del servicio de guardería en las prisiones; alrededor de dos mil 749 personas indígenas realizan actividades laborales, y 388 personas con discapacidad privadas de la libertad efectúan algún trabajo.
En este sentido, realizó un exhorto a los centros de reclusión para que realmente contribuyan con la implementación de una estrategia que garantice el derecho al trabajo, haciendo realidad con ello la reinserción social.
Aun cuando la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) señala que las personas privadas de la libertad podrán acceder a actividades productivas, así como a derechos laborales, tales como seguros, prestaciones y servicios de seguridad social, cuyo ejercicio sea compatible con su situación jurídica, y que aquellas se realicen sin discriminación alguna y bajo condiciones de cuidado a la salud, en 15 centros federales hay carencia de actividades laborales y en el 84 por ciento de 165 centros estatales había limitantes para acceder al trabajo por parte de las personas en reclusión.
En 2020, 10 entidades obtuvieron calificaciones reprobatorias en lo relativo a garantizar actividades laborales en sus centros de reclusión; 16 tuvieron fallas en lo concerniente a desarrollar estrategias de capacitación para el empleo y 21 estados registraron nulas o deficientes acciones para que sus cárceles contaran con una industria penitenciaria.
