Karla García / Diario de Chiapas
Organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicas feministas de distintas regiones del país expresaron su respaldo a las estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), quienes durante la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario denunciaron la persistencia de violencia sexual y de género dentro de la institución.
En un pronunciamiento público fechado el 1 de mayo, las firmantes señalaron que las alumnas no solo expusieron hechos de violencia ocurridos en espacios universitarios, sino también cuestionaron el protocolo para prevenir, atender, sancionar la violencia, el hostigamiento, el acoso sexual y la discriminación, aprobado recientemente por la universidad.
De acuerdo con el posicionamiento, el documento presenta deficiencias estructurales que podrían traducirse en desprotección para las víctimas y en condiciones que favorezcan la impunidad.
Entre los principales señalamientos, advirtieron que el protocolo mantiene medidas que consideran revictimizantes. Como ejemplo, mencionaron que ante una denuncia se contemple la posibilidad de que la alumna afectada pueda darse de baja de materias como medida de protección. Afirmaron que esta disposición vulnera el derecho a la educación y permite que la persona señalada permanezca en el espacio académico sin consecuencias inmediatas.
También cuestionaron que el protocolo conserve mecanismos de conciliación con la persona agresora y que para iniciar una investigación se exijan relatorías detalladas de los hechos, con precisión de tiempo, modo y lugar. Las firmantes señalaron que este tipo de requisitos desconoce el impacto psicológico del trauma y puede convertirse en una barrera para continuar con los procesos de denuncia.
Recordaron además que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prohíbe la mediación o conciliación en procedimientos relacionados con violencia contra las mujeres.
Las organizaciones subrayaron que la UNICACH tiene la obligación legal y ética de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres dentro de su comunidad, con perspectiva de género y de derechos humanos.
