La posesión, compra o venta de loros mexicanos es una práctica ilegal en el país y se castiga con sanciones que alcanzan los 700 mil pesos de multa o hasta nueve años de prisión
Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
La posesión, compra o venta de loros mexicanos es una práctica ilegal en el país y se castiga con sanciones que alcanzan los 700 mil pesos de multa o hasta nueve años de prisión. Ante ello, especialistas en conservación de fauna silvestre y autoridades ambientales han intensificado las campañas para promover la entrega voluntaria de estas especies y evitar que sigan siendo extraídas de su hábitat natural.
Esto lo dio a conocer Efraín Orantes Abadía, quien actualmente colabora en acciones de rescate y resguardo de aves silvestres en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Recientemente, seis loros nuca amarilla fueron entregados voluntariamente a las autoridades y puestos bajo resguardo especializado. Aunque el hecho representa una oportunidad para garantizar mejores condiciones para las aves, también evidencia una problemática que persiste desde hace años: la tenencia ilegal de especies protegidas dentro de los hogares.
Orantes explicó que muchas personas desconocen que en México está prohibida la posesión de cualquier especie de loro nacional, desde ejemplares pequeños como el loro del Pacífico o el frente naranja, hasta especies emblemáticas como la guacamaya roja.
Uno de los principales desafíos para los centros de rescate es que gran parte de las aves decomisadas o entregadas voluntariamente han pasado tantos años en cautiverio que ya no pueden regresar a la vida silvestre.
“Hay ejemplares que ni siquiera saben volar”, explicó. Como ejemplo, recordó el reciente decomiso de 65 pericos frente naranja que llegaron con las alas cortadas. Además, muchos de ellos fueron alimentados directamente por personas durante años, generando una dependencia conocida como impronta, que dificulta su reintegración a la naturaleza.
El especialista señaló que los loros pertenecen a las selvas y bosques, no a las jaulas. Por ello, insistió en que la captura y comercialización de estas aves no solo representa un delito ambiental, sino una amenaza para la conservación de especies que desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas.
Respecto a las sanciones, Orantes destacó que la Profepa mantiene vigente un esquema de entrega voluntaria, en el cual los ciudadanos pueden entregar loros o guacamayas que tengan en su poder sin enfrentar procesos legales.
La medida busca incentivar la recuperación de ejemplares que permanecen en cautiverio y reforzar el mensaje de que estas aves forman parte del patrimonio natural de México. “Los loros no son propiedad de quienes los tienen en casa; son patrimonio de la nación y deben estar donde pertenecen: en libertad”, concluyó.
