Jorge Omar Vázquez Martínez, integrante de Rutas y Taxistas Organizados: “Se han multiplicado y cada día son más, porque la autoridad lo permite”
Ainer González / Diario de Chiapas
El crecimiento de mototaxis que operan sin concesión es uno de las principales preocupaciones del transporte organizado en Tuxtla Gutiérrez y los municipios que integran la región metropolitana de Chiapas. Aunque no existe un registro oficial sobre el número de unidades, concesionarios aseguran que durante los últimos años la cifra se ha triplicado, situación que atribuyen a la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Jorge Omar Vázquez Martínez, integrante de Rutas Organizadas y Taxistas Organizados de Tuxtla Gutiérrez, afirmó que el número de mototaxis irregulares ha crecido de manera constante y que la autoridad ha permitido su expansión pese a que no cuentan con autorización para prestar el servicio público.
“No podría dar un dato exacto. Lo que sí puedo decir es que se han triplicado, se han multiplicado y cada día son más, porque la autoridad lo permite. No están autorizados para ofrecer ese servicio”, señaló.
Explicó que la legislación contempló un proceso de regularización únicamente para quienes ya prestaban el servicio al momento de la creación de la norma y que se encontraban registrados dentro del periodo establecido. No obstante, sostuvo que actualmente circulan cientos de unidades adicionales que comenzaron a operar después y que, aseguró, lo hacen fuera del marco legal.
“La ley establece que, al momento de su creación, quienes ya prestaban el servicio público serían sujetos a un proceso de regularización, siempre que estuvieran registrados dentro del periodo establecido. Sin embargo, hoy son cientos y cientos de vehículos más los que, durante esta administración, se han sumado a esta actividad”, indicó.
A esta problemática, dijo, se suma el trato desigual que enfrentan los concesionarios, quienes cada año deben cumplir con el pago de derechos, refrendo y demás obligaciones fiscales para mantener vigente su concesión, mientras las unidades irregulares continúan prestando el servicio sin asumir esos costos.
“Este año estamos hablando de un pago de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos. El año pasado pagamos 8 mil 500 pesos cada uno, porque nos cobraron el emplacamiento; esto aplica tanto para taxis como para colectivos. Como ya mencioné, más del 50 por ciento de los taxis tienen sus placas guardadas o depositadas porque el servicio ya no es rentable ni redituable. Para muchos resulta mejor comprar un vehículo y trabajar mediante una aplicación tecnológica; nosotros, los colectiveros, no queremos llegar a eso, porque ya se están saturando las rutas con vehículos particulares”, expresó.
El representante del transporte organizado agregó que la falta de control sobre las unidades irregulares ya impacta directamente en la actividad de los concesionarios. Aseguró que más del 50 por ciento de los taxis concesionados mantienen sus placas resguardadas, debido a que la operación dejó de ser rentable frente al crecimiento del transporte pirata, la competencia de plataformas digitales y la disminución de usuarios.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno del Estado para revisar la actuación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y aplicar la legislación vigente contra quienes ofrecen el servicio público sin concesión. Consideró que permitir la circulación de mototaxis irregulares y de otros vehículos particulares destinados al transporte de pasajeros representa una competencia desleal para quienes sí cumplen con el pago de impuestos, derechos y demás obligaciones establecidas por la autoridad.
