Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Por no tener el amplio consenso que necesita, en el que participen no sólo los actores políticos, sino las víctimas, especialistas, academia, grupos sociales, y a toda aquella persona que lucha todos los días por la garantía y respeto de sus derechos humanos y los de sus familiares, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a la que pertenece la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidió que no sea aprobada la iniciativa por la cual se expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con este pronunciamiento sobre la iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República, es necesario atender el llamado realizado por el Sistema Nacional de Búsqueda y diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias que han llamado al Senado a abrir la discusión pública por medio de un parlamento abierto.
“Con ello se promueve la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de su trabajo por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por las contralorías internas y otros organismos constituidos para ello”, apuntó.
Dada la relevancia de la iniciativa por la cual se expide la nueva ley, al igual que los impactos que representa para la garantía de los derechos humanos en la nación, esta federación considera que debe atenderse la petición de instituciones, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues una iniciativa de ley, así como las reformas que la acompañan, requiere de un amplio consenso.
Esto debido a que, entre otras cosas, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República cancelaría la obligación de la FGR de participar en la búsqueda de personas. A la propuesta se oponen organizaciones civiles con quienes se consensuó el perfil de la primera fiscalía legalmente autónoma en la historia de México.
La iniciativa está firmada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena que ocupan la mayoría de los escaños.
La iniciativa también propone cancelar, por ejemplo, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como pretende eliminar al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía.
La propuesta ha sido cuestionada por organizaciones civiles, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
