Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Desplazados de los poblados San Bartolomé y Yaxchén, emitieron un mensaje contra la Alianza San Bartolomé de los Llanos que en días pasado exigió la aplicación del Estado Derecho en el conflicto interno del municipio Venustiano Carranza, pues son considerados un grupo paramilitar que en plena pandemia por COVID-19, desplazó a 73 familias tzotziles.
El pasado 26 de marzo de 2020, la organización paramilitar procedente de Paraíso Grijalva (Alianza San Bartolomé de los Llanos) destruyó y quemó viviendas como represalia a las comunidades San Bartolomé y Yaxchén, por abandonar la organización en noviembre de 2019.
“Pero el verdadero conflicto se viene suscitando hace 50 años entre la organización Campesina Casa del Pueblo y los mejor conocidos como Paraíso Grijalva”, recuerda Yacundo Reyes González, desplazado de San Bartolomé.
Hace un año, en una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las personas desplazadas solicitaron la reparación de daños, respeto a la autonomía, a la libre determinación y a los derechos agrarios; así como la intervención inmediata de las autoridades federales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hasta ahora la solicitud no ha tenido avances.
“No somos parte ni de Casa del Pueblo, ni de Paraíso Grijalva. Nosotros vivíamos en la entrada, en parte de las ocho mil hectáreas que se están peleando. Siempre nos vieron como un tope y no quisimos seguir viviendo de esa manera y decidimos aislarnos, pero ellos nos desplazaron y destruyeron todo”.
Para los desplazados, los integrantes de Paraíso Grijalva sólo causan ‘lástima’ en Palacio de Gobierno al pedir la liberación de dos de sus integrantes que, al parecer, fueron retenidos por integrantes de Casa del Pueblo el pasado domingo.
“Vemos las noticias y ahora este grupo habla de derechos humanos, cuando en realidad siempre están fuertemente armados y son los que nos perjudicaron y convirtieron en ceniza y carbón nuestros poblados”.
Asimismo, los señalaron como responsables de que año con año despojen a las personas de sus terrenos de comuneros en la misma zona.
“Eso es resultado de la invasión que están haciendo y ahora se hacen pasar por campesinos que no tienen ni para comprar armas. Tienen un largo y turbio historial”.
Los desplazados esperan que la actual administración cumpla con la aplicación del Estado de derecho contra los verdaderos responsables de los saqueos y la invasión en Venustiano Carranza.
Desde el desalojo forzado de las 73 familias, tuvieron que refugiarse en viviendas de comunidades cercanas. En la actualidad, aún con la contingencia sanitaria por el coronavirus, en una casa habitan hasta cuatro familias desplazadas.
“Ha sido muy difícil porque desde el año pasado no tenemos dónde trabajar ni lugar propio”.
