Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas
Al cumplirse dos años de la desaparición de Luis Fernando Hernández Alvarado, el reclamo de justicia de su familia evidencia una crisis de impunidad de alcance nacional.
José Albán Hernández Martínez, padre del joven, denunció el absoluto abandono institucional y la parálisis en las investigaciones, un escenario que se repite en miles de hogares mexicanos. A pesar de haber proporcionado nombres de implicados y números telefónicos a las instancias correspondientes desde el inicio del caso, las indagatorias permanecen archivadas como un expediente más. Ante la simulación del sistema, hoy las víctimas indirectas exigen la intervención urgente de la Fiscalía General de la República para que pueda aparecer su hijo.
El panorama federal se torna aún más hostil para los colectivos debido a la postura de la Presidencia de la República. Hernández Martínez calificó como indignante la narrativa emitida en las conferencias matutinas, donde se ha sugerido investigar a las madres y padres que se movilizan por el país, en lugar de perseguir a los criminales. El afectado criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum priorice su imagen política y cuestione la legitimidad de las protestas, mientras el aparato del Estado se muestra incapaz de resolver el problema o de ofrecer un diálogo genuino a las familias, que viven bajo la angustia diaria de que sus seres queridos aparezcan en una fosa común o en condiciones violentas.
Esta problemática refleja un patrón sistémico. Luis Fernando desapareció tras ser enganchado en redes sociales mediante una oferta laboral engañosa de entrega de alimentos. Este esquema de reclutamiento forzado se replica en todo el país sin que las autoridades federales logren desarticularlo. En lugar de frenar este desastre humanitario que supera las 134 mil desapariciones, el Gobierno de la República ha optado por ajustar criterios estadísticos para reducir artificialmente las cifras oficiales, invisibilizando el dolor de colectivos civiles como “Madres Corazones que Buscan”.
Ante mesas de negociación infructuosas con la Secretaría de Gobernación, las familias lamentan que la agenda política y legislativa camine al margen de la emergencia que se vive en las calles. El clamor ciudadano exige que la Federación asuma su responsabilidad histórica, deje de revictimizar a los buscadores desde la tribuna pública y active mecanismos reales de localización y justicia.
Con esto se espera que exista atención de parte de la Federación, la cual se ha mostrado omisa ante este tipo de situaciones, y con ello se atienda el dolor y la situación de decenas de familias de Chiapas, así como de otros estados del país. Por lo tanto, es primordial que se analice cada caso para que exista una acción contundente y no la omisión con la que se han mantenido en la actualidad.
