El juez de control certificó que las pruebas de la Fiscalía General del Estado de Chiapas son ‘suficientes’ a pesar de que no existe autopsia y las causas de la muerte fueron determinadas por un ‘reconocimiento médico’, es decir, bajo el método de observación.
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Los cinco indígenas tzeltales acusados del homicidio fueron vinculados a proceso en Centro de Reinserción para Sentenciados número 5, a pesar de que no existen pruebas científicas de la muerte del policía municipal, Antonio Aguilar.
Se trata del presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, además de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, que fueron acusados de la muerte del policía municipal Antonio Aguilar.
Existen órdenes de aprehensión en contra de tres personas más, como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio, especificó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
La audiencia se celebró en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas el pasado lunes (6 de junio), presidida por el mismo Juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, que otorgó la orden de aprehensión contra los indígenas previo a la solicitud ministerial formal.
“De nuevo no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez”, reza el comunicado del Frayba.
En la audiencia los defensores hicieron notar las anomalías, contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que -consideraron- buscan culpabilizar a los cinco tzeltales que en ningún momento contaron con un traductor.
Márquez Espinosa convalidó, justificó y consideró que las pruebas de la fiscalía eran ‘suficientes’ al tratarse de un médico el que hizo el supuesto examen, “más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio”.
Además de las pruebas de la defensa, presentaron escritos de la parroquia de San Juan Cancuc, del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite) y el Pueblo Creyente, con los testimoniales que aseguran el estado de ebriedad de Antonio el día que cayó ocho metros en un barranco. Los servidores de la iglesia recolectaron más de 200 firmas para pedir la libertad.
Durante esta semana de detención, las familias de los detenidos se han manifestado pacíficamente en el penal 5 y la Fiscalía Distrito Altos. Las organizaciones acompañantes del caso hicieron un llamado para la solidaridad internacional, asimismo exhortaron a las autoridades mexicanas investigar con objetividad, lealtad y de manera científica de los hechos para conocer las verdaderas razones de la muerte de Antonio Aguilar.
