Más que una carta, difunde un mamotreto de una hija que busca exculpar al defraudador más protegido de Chiapas: Erick Romero Peimberth
M de R / Diario de Chiapas
En lo que parece un nuevo intento por desviar la atención de las víctimas y confundir a la opinión pública, Viviana Romero Zuarth, hija del pseudo empresario acusado de fraude, Erick Romero Peimberth, dirigió una extensa carta al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para redimir culpas
En el texto, la joven intenta reconfigurar la imagen pública de su padre, minimizando los múltiples señalamientos por fraudes inmobiliarios que han afectado a más de 60 familias en Tuxtla Gutiérrez.
Lejos de presentar una reflexión crítica o asumir la responsabilidad de los hechos, la misiva —de más de cinco mil palabras— es un auténtico mamotreto, un documento emocionalmente cargado, jurídicamente inconsistente e informativamente diseñado para victimizar a su autora y exonerar a su padre.
La joven Romero no sólo intenta proyectar una narrativa de persecución política, sino que también lanza señalamientos directos contra miembros de su propia familia materna, a quienes acusa de abandono, traición e incluso corrupción.
Viviana Romero denuncia a su abuela -materna-, Leticia Flores Alfaro, así como a sus tías Paulina Gordillo Flores y Mariana Gordillo Flores, y a su padrastro Roberto Gordillo, de haber obstaculizado la defensa legal de su madre, Viviana Leticia Zuarth Flores, actualmente encarcelada por delitos vinculados al caso. Incluso los responsabiliza de no haber gestionado a tiempo la atención médica urgente que requiere su madre por el uso de un marcapasos.
La joven revira que ha sido su familia paterna —incluido su tío Gustavo Flores— la que ha costeado la defensa legal, pagado indemnizaciones a algunos afectados y absorbidos pagos de hasta 10 millones de pesos, según afirma, para cubrir compromisos pendientes con clientes defraudados. No obstante, estas cifras no han sido verificadas ni auditadas, y su inserción en la carta parece más un esfuerzo por justificar ante la opinión pública los intentos desesperados de rehabilitar la imagen del pseudo empresario acusado.
A lo largo del texto, Viviana reitera que su madre ha sido víctima de una estrategia de presión orquestada desde “altas esferas del poder”, pero evita dar nombres, escudándose en supuestas amenazas. La ambigüedad narrativa refuerza la percepción de que la carta busca más sembrar dudas que aclarar responsabilidades.
La hija del “empresario” sostiene también que la familia materna habría manipulado imágenes para simular violencia intrafamiliar y organizó una manifestación pública con información falsa el pasado 8 de marzo. Sin pruebas claras, tales acusaciones resultan tan graves como difusas, abonando al descrédito sin aportar elementos contundentes.
Viviana revindica la trayectoria empresarial de su padre, asegurando que entregó más de 900 viviendas y 370 terrenos, y afirma que los conflictos actuales derivan de una “situación financiera adversa” y no de un fraude estructurado. Sin embargo, olvida mencionar que muchas de las familias afectadas llevan años litigando para recuperar su patrimonio y que existen más de una docena de carpetas de investigación abiertas contra su madre por delitos de carácter mercantil y penal.
Más que una defensa jurídica, el documento se construye como una apelación emocional, la joven intenta posicionarse como testigo de un supuesto linchamiento legal, mientras al mismo tiempo exime a su padre de toda culpa.
En el cierre de la misiva, solicita al gobernador que revise las carpetas judiciales abiertas y garantice atención médica a su madre, pero no expresa un solo compromiso concreto de reparación hacia las víctimas del fraude.
De tal forma, el documento resulta una estrategia para contener lo que la familia Romero Zuarth ha desplegado ante el colapso de su emporio inmobiliario; esto mientras las autoridades investigan y las víctimas siguen esperando justicia.
