Roger Heli Díaz Guillén.
Un tema de política pública integral contemporánea es la vinculación de la educación con la cultura, territorio, población, identidad, lengua, biodiversidad, comunidad y familia, retomando la política educativa nacional la transformación en su construcción y dirección al plantearse un nuevo orden metodológico de procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la formulación de programas de estudio en cada escuela de formación básica y media superior con la llamada Nueva Escuela Mexicana impulsado a partir del 2023.
Esta disposición coloca como líderes y motores en este proceso de transformación social y académica a las escuelas y/o docentes que deberán promover la convergencia de intereses de la educación como política pública y bien común con los intereses y derechos colectivos de las comunidades; asumiendo que la comunidad es el eje rector de la educación y sus componentes territoriales como los patrimonios culturales y naturales donde la perspectiva de aprendizaje inicia en la identidad, pertenencia, lenguajes, saberes, identificación de los componentes del territorio, formas de vida familiar y comunitaria, expresiones artesanales y artísticas, organización y comunicación, en un territorio geopolítico como es la comunidad y espacio de aprendizaje que es la escuela.
Resulta trascendental la liberación de la educación a otro orden y perspectiva donde la historia se construye y asume a partir de la comunidad, el municipio, el estado, la nación y el mundo; de lo particular a lo general; donde los contenidos de aprendizaje se construirán en el amalgamiento de un plan sintético oficial con un plan analítico de la comunidad y escuela derivado de la investigación, comunicación incluyente, contenidos del territorio; del que se obtendrá un diseño de programa de estudio basado y aplicado al espacio territorial social de la comunidad, en un orden de fases de aprendizaje que deberán ser aprobados normativamente con participación de la comunidad en programas de estudios que no atenten la dignidad humana que ordena la ley de educación vigente.
Estas políticas públicas se adminiculan con obligaciones constitucionales y legales de los gobiernos municipales, estatales y federal que se traducen en obligaciones de cada escuela de educación primaria y secundaria de desarrollar planes de estudio en campos de la investigación social en materia de Población, Territorio, gobernanza, Patrimonio cultural y natural, que concluye en la construcción de contenidos de enseñanza-aprendizaje en el que no se ha trabajado históricamente reproduciendo contenidos educativos preelaborados a nivel central; lo que representa un reto posible y necesario si asumimos las responsabilidades que cada parte corresponde en una actitud y aptitud que promueva la inclusión y el conocimiento.
El trabajo con las comunidades es un reto de comunicación, organización, acompañamiento, planeación, producción de conocimientos y gestión para el desarrollo sostenible comunitario y educativo que debe atenderse de forma prioritaria vinculado a los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU y; al interés de la vida pública y perfil del mexicano del mundo que aspiramos sin perder nuestra identidad de donde se construye nuestros saberes sociales en cada proceso de desarrollo humano y social que tiene base comunitaria .
El reto inicia con la convergencia de la comunidad y la escuela mediante la comunicación y colaboración de docentes, representaciones comunitarias y población basados en un programa de trabajo con el cual se construya el inventario comunitario patrimonial integral que involucra lo poblacional, cultural, natural y territorial; donde se contenga la radiografía comunitaria necesaria para ser interpretada y adminiculada con los saberes científicos delimitados en 4 áreas básicas del conocimiento en la formación educativa del Plan Nacional de Educación, contenidos en un plan analítico que erróneamente se publicó en el diario oficial de la federación el pasado 2023 como programa de estudio.
La educación como derecho humano basado en el respeto a la dignidad e identidad donde se contienen valores, cosmovisiones, formas de vida y saberes originarios comunitarios que se sostienen mediante la tradición oral y costumbre jurídicas familiares y comunitarias, es el marco de referencia para caminar de la “educación formal institucional” a la “educación comunitaria integral e incluyente” donde la vida cotidiana, la identidad, la familia, la comunidad, los componentes del territorio natural, cultural y saberes originarios comunitarios son los ingredientes básicos en la formación de nuestros niños y jóvenes para aspirar al pensamiento crítico y ciudadano fortalecidos con los saberes científicos necesarios en la educación que el mundo y la comunicación ofrece para nuestro desarrollo.
La educación es un tema de conciencia, razón y derecho humano por encima de política pública y obligación de estado como como responsabilidad de interés público que necesariamente tenemos que asumir y traducir en programas de estudios con participación social comunitaria, escuela, gobiernos y sociedad civil organizada que aporte mejoras en el proceso mediante un pacto por la educación en México. Es un tema prioritario y transversal a considerar donde únicamente existe el marco jurídico, voluntad de estado y apoyo didáctico para la investigación social, faltando la construcción de planteamientos metodológicos de investigación comunitaria cuyos contenidos obtenidos permitirá observar en la realidad comunitaria las diversas categorías científicas sociales que se contienen en los programas analíticos como por ejemplo lengua, pluriculturalidad, multiculturalidad, patrimonio cultural, integral, incluyente, inclusivo, generó, etc.
Hoy tenemos que reconocer que las escuelas continúan en la inercia, continuidad y aplicación de los programas de estudios oficialmente derogados desde el 2023. Caminemos en el Nuevo proyecto educativo porque nos da la oportunidad de crear conocimiento, inclusión, dialogo y nos permite partir de nuestra identidad, pertenencia, saberes, expresiones y lenguajes; fortaleciendo los derechos colectivos, el desarrollo, la dignidad y la libertad humana con pensamiento crítico inclusivo. La educación en la nueva perspectiva no la proporciona el estado mexicano, únicamente facilita los procesos, ya que la responsabilidad de la educación inicia en lo local comunitario reconstruyendo el objetivo social de las escuelas.
